El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió que responderá con fuerza a quienes participen en actos violentos durante el paro nacional, pero sus declaraciones, acompañadas de un polémico decreto sobre protesta social y una iniciativa antiterrorista, suenan más a una represión autoritaria y criminalización de la manifestación civil.

A un día del paro nacional convocado por sindicatos y sectores opositores para el miércoles 15 de octubre, Abelardo de la Espriella endureció su discurso contra los manifestantes y advirtió que quienes pretendan “incendiar” Colombia se enfrentarán a la determinación de su Gobierno. Aunque reconoció que la protesta pacífica es una garantía constitucional, acusó a los convocantes de buscar el caos y desestabilizar su administración, generalizaciones que colocan bajo sospecha a organizaciones que también pueden movilizarse legítimamente para exigir respuestas.

La preocupación aumenta ante el Decreto de Protesta Social, que el Ejecutivo prevé presentar esta semana y que, según el propio mandatario, busca limitar conductas como los bloqueos permanentes y las agresiones durante las manifestaciones. El problema es dónde se trazará la línea entre perseguir delitos concretos y restringir derechos colectivos: si las nuevas disposiciones se aplican de manera amplia o discrecional, podrían convertirse en herramientas para inhibir la protesta y castigar la disidencia. Defender el orden público no significa otorgar al Gobierno carta blanca para limitar la libre manifestación.

A la controversia se suma el proyecto de Estatuto Antiterrorista, que contempla crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes y endurecer las sanciones contra ataques a la Fuerza Pública. De la Espriella defendió la iniciativa como una respuesta contra grupos armados y criminales, pero el alcance de estas facultades exige especial escrutinio: sin garantías claras, controles independientes y mecanismos efectivos de defensa, medidas de seguridad de este tipo pueden abrir espacio a abusos contra organizaciones sociales y opositores.

El mandatario también descalificó a quienes cuestionan su estrategia de mano dura, al afirmar que quienes critican la aplicación de la ley a los delincuentes son “cómplices digitales y de opinión”. Equiparar las críticas con complicidad criminal resulta especialmente preocupante cuando proviene del jefe del Estado, cuya responsabilidad es garantizar tanto la seguridad como los derechos de quienes discrepan de su Gobierno. La jornada del miércoles pondrá a prueba no solo la capacidad de movilización de los convocantes, sino también el compromiso del Ejecutivo con una democracia en la que protestar pacíficamente no sea motivo de intimidación, estigmatización ni represión.