El tribunal determinó que el estado aplicó de manera retroactiva normas que aumentaron las obligaciones y los periodos de registro para personas cuyos delitos fueron cometidos antes de julio de 2011.

La Corte Suprema de Michigan ordenó al estado retirar a más de 20 mil personas del registro de delincuentes sexuales, al determinar que las autoridades no podían aplicar de manera retroactiva las reformas aprobadas en 2011 y 2021. El tribunal señaló que esas leyes incrementaron las obligaciones y los periodos de inscripción para personas cuyos delitos ocurrieron antes del 1 de julio de 2011, lo que contraviene las prohibiciones constitucionales contra las leyes ex post facto.

La decisión no anula las condenas ni declara inocentes a las personas retiradas del registro. El fallo establece únicamente que el estado no puede imponerles requisitos o castigos adicionales que no existían cuando cometieron los delitos. Antes de la resolución, alrededor de 43 mil personas estaban registradas o tenían la obligación de hacerlo; la Policía Estatal de Michigan informó que ya retiró a más de 20 mil nombres y continúa revisando los expedientes.

El caso que derivó en la resolución fue el de Eddie Lee Smith, quien fue condenado por delitos sexuales cometidos en 1995 y 2010. Aunque su sentencia original contemplaba su inscripción de por vida, años después las autoridades comenzaron a exigirle cumplir disposiciones adicionales establecidas por la legislación de 2021. La Corte Suprema determinó el 9 de septiembre que esas nuevas obligaciones constituían un castigo y no podían aplicarse retroactivamente.

La resolución también se apoyó en precedentes de la propia Corte Suprema de Michigan, que en 2021 y 2025 concluyó que distintas versiones de la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales (SORA) tenían carácter punitivo. Las personas cuyos delitos ocurrieron a partir del 1 de julio de 2011 continúan sujetas a la legislación vigente. La decisión ha generado críticas de fiscales y organizaciones de víctimas, que consideran que la eliminación de miles de registros reduce una herramienta de información y protección para las comunidades.