El mandatario colombiano justificó la medida con el argumento de que los ciudadanos estaban en desventaja frente a los criminales y aseguró que los permisos seguirán sujetos a controles.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decidió levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una de sus promesas de campaña, con el argumento de que no es justo que los delincuentes estén armados mientras los ciudadanos que cumplen la ley no puedan defenderse.
La medida entrará en vigor este 9 de septiembre y permitirá restablecer la validez de los permisos individuales que se encuentren vigentes. Eso sí, no significa barra libre: las armas con permisos vencidos, cancelados, suspendidos o revocados seguirán fuera de la legalidad, al igual que aquellas prohibidas por una resolución judicial.
De la Espriella defendió su decisión asegurando que la seguridad no puede construirse, según sus palabras, “desarmando al ciudadano” mientras los criminales mantienen su poder de fuego. Un argumento que reduce un problema de seguridad pública a una fórmula bastante sencilla: si ellos tienen armas, que los demás también las tengan.
El mandatario informó además que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estarían relacionadas con delitos. Entre ellas, señaló, había armas vinculadas con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.
La estrategia deja una pregunta inevitable: ¿más armas en manos de ciudadanos significan automáticamente más seguridad? De la Espriella apuesta por levantar la restricción mientras promete mantener controles. Por ahora, su receta de seguridad parece bastante clara: perseguir las armas de los criminales y, al mismo tiempo, facilitar que los ciudadanos legales puedan portar las suyas. Porque, aparentemente, para el nuevo gobierno colombiano la paz también se busca con el arma bien guardada… pero lista para sacarla.
