Familiares de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles denuncian desigualdad económica y exigen que las empresas organizadoras enfrenten la justicia por las muertes ocurridas en el festival de 2025.
Familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas que murieron durante el festival AXE Ceremonia 2025, se manifestaron el 19 de octubre frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia y la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas señaladas por homicidio culposo.
Durante la segunda jornada de audiencia, representantes de Grupo Eco, organizadora del evento, solicitaron que se declarara prescrito el delito para las personas morales, bajo el argumento de que el plazo legal venció el 5 de octubre de 2026. La petición mantiene abierta la disputa sobre la responsabilidad penal de las empresas involucradas.
La asesora legal de la familia, Tábata Salas, denunció que las compañías habrían cobrado el dinero de un seguro relacionado con la muerte de ambos jóvenes. Calificó la situación de indignante, pues, mientras las empresas habrían recibido recursos, los familiares continúan enfrentando dificultades económicas y deudas derivadas del caso.
En la primera audiencia, que se prolongó cerca de 21 horas, un juez vinculó a proceso a María “N”, funcionaria de Protección Civil encargada durante el festival. Los abogados de la familia consideran que esta resolución puede representar un avance para el proceso contra las empresas señaladas.
Por su parte, Diana Hernández, hermana de Miguel Ángel, denunció el desgaste físico y emocional que ha enfrentado su familia, además de presiones para aceptar una reparación económica. Aseguró que empresarios vinculados al caso amenazaron con disolver sus compañías si no aceptaban el monto ofrecido, lo que habría dejado a las víctimas ante una negociación desigual.
Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron cuando una estructura cayó sobre ellos mientras cubrían el festival en el Parque Bicentenario. A más de un año de los hechos, sus familiares mantienen la exigencia de que se esclarezcan las responsabilidades y que el proceso judicial avance sin que los recursos económicos de las empresas obstaculicen el acceso a la justicia.
