Tras más de un año de los hechos, la justicia capitalina comenzó a definir responsabilidades por la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario; otros 10 imputados tendrán que esperar para conocer su situación jurídica.

Después de 21 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo, relacionado con la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en la Ciudad de México. La imputada enfrentará el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.

La audiencia comenzó a las 10:00 horas del miércoles y concluyó la mañana del jueves, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentara la imputación. María del Pilar “N” fue la única de las 11 personas señaladas que solicitó que se resolviera su situación jurídica en esa sesión.

Los otros 10 imputados, siete personas físicas y tres empresas, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo domingo para determinar si también serán vinculados a proceso. La investigación busca establecer las responsabilidades por la tragedia ocurrida durante el evento musical.

El caso se remonta al 5 de abril de 2025, cuando los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron luego de que una estructura colapsara sobre ellos en el Parque Bicentenario, mientras cubrían el festival. El accidente generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la operación del evento.

La imputación actual se relaciona únicamente con la muerte de Miguel Ángel Rojas, debido a que la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con dos empresas y ocho personas físicas, según el reporte de La Jornada. Entre las compañías señaladas en el caso se encuentran Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

Las imputaciones ministeriales llegaron aproximadamente un año después de la tragedia. Con la primera vinculación a proceso, el caso comienza a avanzar en los tribunales, aunque todavía está pendiente definir la situación jurídica de los otros señalados. La resolución no constituye una sentencia condenatoria y el proceso deberá continuar para determinar las responsabilidades correspondientes.