En un movimiento con fuerte carga política y dentro de su narrativa electoral, el gobierno de Donald Trump acusó formalmente a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, por delitos de terrorismo y narcotráfico, en lo que representa la primera vez que Estados Unidos presenta cargos de narcoterrorismo contra miembros de ese grupo criminal.
El anuncio fue hecho por Adam Gordon, fiscal del distrito sur de California, quien detalló que ambos Inzunza están implicados en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y heroína, y que encabezan una de las redes de producción más sofisticadas de opioides sintéticos a nivel global.
“Esta acusación refleja nuestro enfoque en procesar a los líderes de estas organizaciones terroristas extranjeras”, declaró un funcionario del Departamento de Justicia, alineándose con la reciente clasificación unilateral de los cárteles como grupos terroristas hecha por Donald Trump.
La administración estadounidense insiste en señalar a la facción de los Beltrán Leyva como responsable de una operación transnacional con capacidad logística para producir y traficar toneladas de fentanilo, la droga sintética que ha provocado una crisis de salud pública en EE.UU. Según las autoridades, en diciembre de 2024 se decomisaron 1.65 toneladas de fentanilo, el mayor aseguramiento de esta sustancia hasta la fecha.
Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, y su hijo son descritos como operadores clave dentro del ala más violenta del Cártel de Sinaloa. Ambos ya habían sido señalados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), junto con Óscar Manuel Gastélum y Fausto Isidro Meza Flores, como cabecillas de alto perfil en el entramado criminal.
Sin embargo, analistas y especialistas en seguridad han advertido que este tipo de acusaciones por terrorismo podrían ser utilizadas por la administración de Trump para justificar mayores intervenciones unilaterales en México, así como para fortalecer su retórica antimigrante y militarista con fines electorales.
Aunque no se descarta la gravedad de las acusaciones, el gobierno de México no ha sido consultado formalmente sobre esta clasificación, ni se ha emitido una postura conjunta que respalde la designación de terrorismo en este tipo de casos.
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