El Tribunal Constitucional de Perú ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y al director del penal Barbadillo la liberación inmediata del exmandatario genocida, Alberto Fujimori.
La orden llega luego de que el pasado 29 de noviembre el presidente del TC de Perú, Francisco Morales, señalara que las autoridades del país debían proceder a la excarcelación inmediata de Fujimori, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario en 2022.
El 28 de noviembre el TC peruano emitió un fallo en el que declaraba improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que en marzo de 2022 concedió habeas corpus —indulto— al ex presidente Alberto Fujimori.
Dicho documento señala que la sentencia de 2022 “se trató de una decisión final” y fue “jurídicamente válida”, por lo que “no cabe impugnación alguna” frente a ella.
Fujimori fue responsable del caso Barrios Altos, el cual consistió en el asesinato de 14 civiles en esa urbanización, ubicada en el distrito limeño de Cercado de Lima. Este ocurrió el 3 de noviembre de 1991.
Los asesinatos fueron perpetrados por el Grupo Colina, dirigido por Fujimori y que fue utilizado para luchar contra la organización terrorista maoista Sendero Luminoso, que a principios de la década de los 90 se encontraba en auge máximo, teniendo como objetivo capturar el Estado por las armas para implantar un Gobierno del proletariado.
Cabe señalar además que, su hija Keiko Fujimori ayudó a efectuar el golpe de estado que sufrió Pedro Castillo en 2022 y el hecho por el que actualmente se encuentra ilegalmente en prisión.
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