Cientos de organizaciones laborales del país lanzan una red regional que busca presionar a empresas ligadas a la ocupación en Gaza.
Más de 300 sindicatos y organizaciones sociales mexicanas anunciaron su ingreso a una nueva red regional que promueve el boicot, la desinversión y las sanciones contra empresas señaladas por su relación con la ocupación israelí en territorio palestino. El grupo denuncia lo que llama un genocidio y una limpieza étnica en Gaza.
La Coordinación de Sindicatos Mexicanos en Solidaridad con Palestina reúne a integrantes de la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este lunes presentaron formalmente la Red Latinoamericana por Palestina, pensada para unir a sindicatos y trabajadores de toda la región.
Jamal Juma, coordinador de la Campaña Palestina Popular contra el Muro del Apartheid, participó en el anuncio. Aseguró que la ofensiva actual de Israel busca completar el desplazamiento de la población palestina que comenzó con la Nakba de 1948, cuando cerca de 80 por ciento de los habitantes tuvo que dejar sus hogares y cientos de aldeas desaparecieron.
“Lo que vivimos hoy en Palestina supera lo que fue la Nakba”, declaró Juma. Además, insistió en que el propósito actual apunta a una limpieza étnica total del territorio.
Juma explicó que la situación en Gaza va más allá de las muertes masivas de civiles, incluidos niños y mujeres. La ofensiva también destruye universidades, medios de subsistencia, campos agrícolas y viviendas. A esto se suma la contaminación de tierras y fuentes de agua potable, según su testimonio.
Durante la presentación en las instalaciones del SME, Enrique Gómez, representante de la coordinación, explicó que la red busca fortalecer la solidaridad de la clase trabajadora latinoamericana. Asimismo, planea respaldar directamente las campañas del movimiento BDS en toda la región.
La organización definió tres ejes de trabajo. Primero, el boicot y la desinversión de empresas, instituciones y productos vinculados con la ocupación y el apartheid. Segundo, la exigencia a gobiernos de aplicar sanciones concretas. Finalmente, la revisión de vínculos sindicales, comerciales y financieros que sostienen la ocupación, según explicaron los organizadores.
La iniciativa también plantea crear espacios libres de apartheid dentro de sindicatos, centros de trabajo y universidades. Estos espacios buscan que las instituciones adopten compromisos claros de solidaridad con la causa palestina.
