No es un secreto que, el pasado mes de diciembre, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, realizó un recorte al presupuesto destinado a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial. Un paquete fiscal calificado por el gobernador, como el «mejor de toda la historia de Nuevo León».
Tras solicitar un aumento del 24%, debido a la inflación, así como para implementar un nuevo modelo de investigación y contratar más personal, la fiscalía, de los $4,507,000,000 m.n. solicitados para este año, terminó por obtener $3,597,000,000 m.n., es decir, un 25.3% menos; una cifra incluso menor comparada con la administración pasada en su último año.
Esta decisión para cierto sector de la sociedad neolonesa, es el motivo principal de la ineficiente procuración de justicia que afronta Nuevo León en los últimos meses, cuyos resultados de investigación no ha obtenido resultados óptimos, pues no ha habido ningún detenido a pesar de presentarse múltiples irregularidades en distintos procesos, donde se han realizado diligencias a destiempo, autopsias incompletas, filtrado información, y teorizado antipopularmente, al revictimizar a quienes ya no pueden defenderse.
Esto da a entender, igualmente, que la poca eficiencia de la actividad de la fiscalía, puede tratarse de una estrategia para recuperar o incrementar su presupuesto para el año siguiente. Algo que no es descartable, ya que realizar un análisis político en México, suele ser una vía que proyecta cierta desconfianza de los actos políticos; plantearse que no existen las casualidades; y que las intenciones, detrás de la expresión, son otras.
Por tanto, no es que la Fiscalía General de Nuevo León carezca de voluntad, sino de presupuesto. Tan simple como eso. Sin embargo, si tal es la estrategia de la Fiscalía, no le estaría saliendo del todo bien, pues algunos diputados locales están exigiendo mejores resultados, con miras de destituir a su fiscal general.
En ese mismo sentido parece ir el mensaje del gobernador, cuando, en un vídeo compartido por medio de redes sociales, pide a la Fiscalía que se deje de «términos legaloides, para no dar la cara y decir a la verdad».
Pero si el pésimo actuar de la fiscalía se debe a una cuestión de presupuesto, parece que la solución es obvia: destinarle mayores recursos, mas no destituir al fiscal general, como parece orquestarse. Pues cambiar de fiscal no arregla el problema de la falta de presupuesto; lo cual sería la principal causa de la poca eficiencia en los últimos meses.
Por todo, de lo que no se dan cuenta aquellos que afirman que la poca eficiencia de la fiscalía se debe a una cuestión presupuestaria es que, con ello, solo se alimenta y confirma una de las tesis frecuentes que se observan en la procuración e impartición de justicia: «Sin dinero, no hay justicia».
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