La Secretaría Anticorrupción también reportó más de 4 mil servidores públicos sancionados y 99 empresas inhabilitadas para contratar con el Estado.
Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó 105 denuncias penales y dio seguimiento a 938 carpetas de investigación por presuntas responsabilidades administrativas de servidores públicos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los casos destaca el pago indebido de 73 millones de pesos a un particular por el supuesto “servicio integral de cultivo de frijol”. La dependencia presentó una denuncia penal por la probable comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de iniciar un procedimiento por faltas administrativas graves.
El informe señala que 53 personas fueron vinculadas a proceso derivado de estas investigaciones. De ellas, 13 casos se encuentran en etapa intermedia, cinco en juicio y seis cuentan con sentencia en seguimiento.
En materia administrativa, el Gobierno federal emitió 14 mil 117 informes de presunta responsabilidad y sancionó a 4 mil 193 servidores públicos. Del total, 3 mil 526 correspondieron a faltas no graves y 667 a faltas graves. Además, fueron sancionados 84 particulares y, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se impusieron sanciones a 132 empresas proveedoras, de las cuales 99 fueron inhabilitadas para contratar con el Estado.
Por separado, la SABG identificó a dos servidores públicos que habrían utilizado indebidamente datos personales con fines de lucro, cuyos expedientes fueron turnados a las autoridades correspondientes. La dependencia también corrigió un comunicado previo sobre sanciones a funcionarios, luego de que un juzgado federal ordenara precisar que la inhabilitación de una funcionaria de Banobras permanece suspendida por un juicio de amparo en trámite.
