La reciente controversia en torno al obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, quien fue reportado como desaparecido el pasado 27 de abril en Cuernavaca y luego encontrado en un hospital local, ha suscitado dudas sobre su supuesto secuestro como estrategia para desestabilizar a la administración de la Cuarta Transformación (4T) en materia de seguridad.
Tras el hallazgo del prelado, el propio Rangel decidió no presentar ninguna denuncia contra quienes supuestamente lo perjudicaron. “En ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho”, declaró el obispo durante su primera aparición pública tras el incidente. Esta decisión ha avivado las especulaciones sobre la autenticidad del incidente y ha puesto en entredicho la narrativa inicial que apuntaba a un secuestro.
Los críticos de la situación argumentan que la falta de pruebas y la decisión de no proceder legalmente podrían indicar que el caso fue un montaje destinado a golpear políticamente al gobierno actual, enfocándose en sus políticas de seguridad. Estas sospechas se intensificaron después de rumores no confirmados sobre el comportamiento personal del obispo durante los días de su desaparición, que algunos medios describieron de manera sensacionalista.
Además, en un comunicado, Rangel profundizó sobre su situación personal y espiritual, citando su edad y salud como factores determinantes en su decisión de perdonar a sus agresores, siguiendo los principios evangélicos de Jesucristo. “Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño”, expresó.
Este caso ha provocado un intenso debate público y mediático, con opiniones divididas sobre la veracidad del secuestro y las implicaciones políticas que conlleva. El desarrollo de este incidente continuará siendo observado de cerca, tanto por sus posibles repercusiones en la política de seguridad de la 4T como por el impacto en la credibilidad de las figuras públicas involucradas.
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