¡Javier Laynez quiere regalar perdón fiscal a Movistar a costa del pueblo!
El ministro Javier Laynez Potisek pretende promover una controversia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no le cobre más de 4 mil millones de pesos en impuestos, que datan de 2015, a la empresa Pegaso PCS, S.A. de C.V., fundada por Alejandro Burillo Azcárraga, y que actualmente opera en México bajo el nombre comercial de Movistar.
La actual estirpe de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya está mirando el reloj para despedirse del máximo tribunal de México, está a poco más de dos meses de terminar su mandato.
Sin embargo, antes de irse algunos juzgadores han decidido resolver, de “último momento” y a puerta cerrada, una serie de controversias fiscales.
Cabe señalar que estos casos, en mayor o menor medida, benefician a una cúpula empresarial que tuvo sus mejores épocas en el llamado periodo neoliberal.
Y una de estas controversias es precisamente la propuesta por la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek –tristemente famoso y recordado por su fallo contra la Reforma Electoral y por ocupar puestos cercanos al poder– para absolver a la empresa Movistar del pago de impuestos.
La propuesta de Laynez Potisek beneficia directamente a Pegaso PCS S.A de C.V ya que pretende exonerarla de un pago de impuestos que data de 2014 y asciende a 4 mil 442 millones de pesos.
El tema habría pasado inadvertido si no hubiera sido porque la ministra LeniaBatrés Guadarrama alzó la voz y se negó a formar el quórum necesario para la votación y resolución de la controversia, dado el daño al erario que esa deuda representa.
Tras su negativa para formar quórum, Batrés pidió que el tema fuese debatido de manera pública, algo que, hasta el momento, no ha tenido respuesta.
Negocios turbios y lazos incómodos:
Ahora bien, más allá del impacto fiscal que esta decisión podría tener, la controversia saca a la luz la cercana relación entre el ministro Laynez Potisek, quien fue consejero jurídico durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la compañía Pegaso PCS S.A. de C.V.
Burillo, que ha sido catalogado como el primo incómodo de Emilio Azcárraga Milmo, desapareció de la escena pública en 1998 tras vender sus acciones en Televisa. Sin embargo, su empresa, Pegaso PCS, siguió operando como proveedora de servicios de telefonía hasta 2002, cuando fue adquirida por Telefónica Movistar, aunque ha seguido trabajando bajo este último nombre comercial.
Movistar, legalmente Pegaso PCS S.A. de C.V., actualmente es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México, solo superada en ese terreno por Telcel y AT&T.
Desde entonces, Movistar ha amasado una fortuna a través de cientos de contratos millonarios.
En 2024, por ejemplo, la empresa facturó 26 mil 590 millones de pesos, lo que representa el 4.3% de los ingresos globales de Telefónica.
No obstante, a pesar de estas jugosas ganancias, la multinacional ha intentado evadir el pago de impuestos en nuestro país.
De hecho, entre 2017 y 2019, Pegaso interpuso tres amparos ante la SCJN buscando condonaciones fiscales, bajo el falaz argumento de que otras empresas pagaban menos.
En 2017, cinco ministros, incluido Laynez, votaron a favor de amparos para empresas como Bestcable (Totalplay), Televisión Azteca y Pegaso PCS.
Esta acción logró blindar a dichas empresas para no pagar impuestos conforme al principio de Proporcionalidad Tributaria, que establece que los gravámenes deben tasarse de acuerdo con la capacidad económica.
La empresa, a través de una serie de ardides legales, argumentó una supuesta vulneración de sus derechos de igualdad, amparándose en los artículos 1°, 6°, 14, 16 y 28 de la Constitución.
Lamentablemente, la recurrente búsqueda de artificios legaloides para evadir impuestos por parte de Movistar ha encontrado respaldo en el ala más conservadora de la SCJN, con el ministro Laynez a la cabeza y Norma Piña y sus aliados cuidándole la espalda.
La última propuesta, el recurso de reclamación 158/25, elaborado por el propio Laynez, es un claro ejemplo de estas prácticas.
La empresa, pretendiendo esgrimir un argumento contundente, arguyó que sus ingresos de 2014 aumentaron por una fusión con una firma extranjera, buscando que Hacienda no cobrara impuestos a una empresa con sede fuera de México, aunque, paradójicamente, la compañía estuviera prestando servicios en el país.
Prácticas de viejo dinosaurio:
Aunque para algunos ministros debatir temas fiscales a puerta cerrada es un procedimiento común y que, argumentan, obedece a la Ley Fiscal, hay voces críticas que sostienen que este es el momento oportuno para que algunos ministros “salden favores”.
Tocado este punto, hay una pregunta que se impone: ¿El ministro Laynez estará queriendo saldar favores antes de irse? En la pregunta podría estar oculta la respuesta. Pero, de ser así, entonces no se trata de un tema de justicia, sino de un negocio millonario. Y estos artificios legales serían entonces un saqueo legalizado.
No obstante, hay algo más que llama poderosamente la atención: el sexenio pasado, Movistar logró que la Secretaría de Economía y la PROFECO, de la mano de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, le renovara la concesión a PEGASO PCS, S.A. de C.V. para los Servicios Móviles bajo la modalidad de Prepago, hasta el 6 de junio de 2048. Es decir: ¡durante los próximos 24 años!
¿Tendrán algo qué decir Raquel Buenrostro y Jorge Nuño Lara, quienes entonces eran secretaria de Economía y de Comunicación, respectivamente?
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