Al amparo de fortunas desmedidas, contratos opacos y apellidos influyentes, se consolidan estructuras de protección que frenan en seco el brazo de la ley. Pero la impunidad no es un concepto abstracto: pisotea derechos y deja huellas reales. Detrás de cada expediente encarpetado hay mujeres y ciudadanos de a pie que enfrentan la amarga certeza de que exigirme cuentas al poder se convierte en una batalla brutal, asimétrica y desgastante.

Por Amarande Riojas Orozco
Jueza de Distrito en Materia Penal

Un verdadero termómetro del Estado de derecho en México no radica en el papel de la ley, sino en la fuerza con la que esta se aplica. No podemos maquillar la realidad: para el ciudadano de a pie, el sistema de justicia es una maquinaria implacable que desgasta, cobra y castiga; mientras que, para las élites del poder, ese mismo sistema se vuelve dócil, lento y complaciente, disolviendo delitos en tecnicismos e impunidad.

El caso de Inés Gómez Mont vuelve a exhibir una de las contradicciones más dolorosas de nuestro país: la distancia entre quienes tienen dinero, relaciones y apellidos que abren puertas, y quienes deben enfrentarse prácticamente solos a instituciones que no siempre responden con la oportunidad y firmeza que exige la justicia.

Durante años, la exconductora de televisión convirtió su riqueza en un espectáculo público: bolsas de marca, joyas, ropa de diseñador, viajes y múltiples propiedades conformaban una exhibición permanente de privilegios. Sin embargo, detrás de esa fachada de ostentación surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una figura pública que construyó su patrimonio con el esfuerzo de su trabajo, o ante una pieza clave dentro de una red de delincuencia de cuello blanco que la instrumentalizó? Hoy, esa interrogante se estrella contra la realidad de los hechos: su nombre está formalmente relacionado con investigaciones federales por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La gravedad de este caso no es menor: la Fiscalía General de la República ha confirmado la vigencia de tres órdenes de aprehensión libradas por jueces federales. No hablamos de simples errores administrativos, sino de cargos muy graves por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La ruta del dinero revela cómo el erario terminó convertido en el botín de unos cuantos, mientras la gran mayoría de la gente común se esfuerza cada día para salir adelante.

Lo más indignante y alarmante es de dónde salió ese dinero. Estamos hablando de contratos por más de 2 mil 450 millones de pesos que fueron saqueados y triangulados a través de empresas fantasma directamente desde el sistema penitenciario federal. Pensar que recursos destinados a la seguridad pública, a las cárceles del país y al orden del Estado terminaron convertidos en lujos personales, bolsas de marca y cuentas millonarias es una bofetada a la sociedad. Es la radiografía más cruda de cómo operan las redes de cuello blanco, vaciando el dinero que le pertenece a México para alimentar la avaricia de la impunidad.

Tras años de evadir a las autoridades, su detención en Florida el pasado 30 de octubre de 2026 no ocurrió por la ejecución directa de las órdenes de aprehensión dictadas en México, sino por una simple infracción migratoria en Estados Unidos. Aunque la Fiscalía General de la República confirmó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición se formalizó ante el gobierno estadounidense desde septiembre de 2025, habiendo entregado ya todos los mandamientos judiciales necesarios, el hecho resulta exasperante para la sociedad. La pregunta que hoy se hacen millones de mexicanas y mexicanos es inevitable: ¿cuánto tiempo más debe transcurrir para que una investigación de esta magnitud llegue, por fin, a rendir cuentas ante los tribunales?

No escribo para anticipar culpabilidades. Desde la trinchera de la judicatura federal, conozco el peso sagrado de la presunción de inocencia, el valor irremplazable de la prueba y la exigencia estricta del debido proceso. Nadie puede ni debe ser condenado por su estilo de vida, sus amistades o su apellido. Pero hay un límite que no podemos cruzar: no confundamos jamás el respeto a los derechos fundamentales de un procesado con la tolerancia institucional ante investigaciones que exigen, con urgencia, resultados tangibles y justicia plena.

El problema no se agota en el nombre de Inés Gómez Mont. El verdadero desafío de la justicia consiste en rastrear y desmantelar la red completa que hizo posible este entramado de corrupción, caiga quien caiga, siempre que las pruebas así lo acrediten.

Porque miles de millones de pesos del erario no se esfuman por arte de magia. Si detrás de esta historia hubo contratos simulados, facturas falsas, empresas fantasma creadas para triangular recursos y maniobras financieras para esconder el destino final del dinero, la ley debe alcanzar por igual a quienes autorizaron, facilitaron, cobraron o encubrieron cada firma y cada transferencia.

Los servidores públicos que firmaron o miraron hacia otro lado, los contratistas que se enriquecieron, los intermediarios que movieron los hilos y cualquiera que haya puesto su estructura al servicio del saqueo, deben responder en lo individual ante los tribunales. En un auténtico Estado de derecho no hay espacio para investigaciones a medias que se frenen ante nombres de peso, ni responsabilidades que se borren mágicamente con las llamadas o influencias correctas.

Como bien señaló la politóloga Viri Ríos en un análisis reciente para Radio Fórmula junto a Enrique Acevedo, el fondo de este problema va mucho más allá de una sola persona: expone la red oculta que une la facturación falsa, las grandes fortunas, los contratistas consentidos y los intereses políticos. Cuando los recursos públicos se desvían mediante operaciones simuladas, el daño no es solo fiscal; se lastima a todo el país y se debilitan las instituciones que deberían protegernos.

Cada peso del erario tiene un destino social indiscutible. No es botín de ninguna familia, ni propiedad de un empresario influyente, ni caja chica de ningún funcionario. Es el dinero del esfuerzo diario de las mexicanas y los mexicanos.

Fui víctima de violencia sexual y viví en carne propia el agravio de la violencia institucional y la corrupción. Denuncié a Javier Lozano Ponzanelli y a Gabriel Castañeda Gómez Mont, primo de Inés Gómez Mont. La mención de este lazo familiar no es accesoria ni busca colgarle a la conductora una responsabilidad que no le corresponde; el parentesco no es complicidad. La pertinencia de nombrar este vínculo radica en exhibir cómo el reflector público, los apellidos de peso y las redes de privilegio de esa esfera social terminan blindando a quienes delinquen a su sombra.

No escribo sobre el tráfico de influencias ni sobre la impunidad como abstracciones teóricas de un manual de derecho. Escribo desde la indignación y el desgaste real de haber enfrentado a un sistema que se dobla ante los apellidos influyentes y tolera fueros de facto. La falta de una respuesta judicial firme no es simple omisión: es una forma de perpetuar la violencia. Como jueza penal federal, Asumo la voz y la investidura que tengo no para callar, sino para denunciar estas redes de protección. La justicia en este país no puede seguir arrodillándose ante el apellido ni el dinero de los agresores.

Ser jueza penal federal no me ha hecho olvidar lo que se siente estar del otro lado, lo que significa ser víctima. Al contrario, me recuerda todos los días la urgencia de que cualquier persona pueda tocar la puerta de una institución sin tener que preguntarse primero cuánto poder tiene quien le hizo daño, o si el abogado de la contraparte tiene la llamada directa con las autoridades u opera con ellas para obtener un resultado favorable injusto. Esa es la trampa que alimenta y perpetúa la justicia selectiva en México, y es la que debemos romper.

La violencia no termina con la agresión: se prolonga cuando el peso de la opinión pública, los reflectores y el blindaje mediático de personajes como Inés Gómez Mont terminan inclinando la balanza para encubrir a su entorno. Es indignante comprobar cómo la palabra de una víctima pierde valor cuando choca contra el muro de las relaciones de poder, la complicidad de las autoridades y la protección comprada en los medios de comunicación.

Por mí, por la esencia misma de mi responsabilidad pública y el mandato de mi investidura, dedicada a alcanzar la verdad y aplicar la ley de forma imparcial, me niego rotundamente a normalizar el silencio. Como jueza y como mujer, me niego a aceptar que el tráfico de influencias que opera en las fiscalías y en las pantallas de televisión determine la suerte de quienes exigimos justicia. Quienes se creen intocables tras la coraza del dinero y la fama deben entender algo muy claro: la justicia no se negocia y la ley termina por alcanzarlos.

Ninguna persona debe resignarse a la impunidad solo porque su agresor o contraparte presuma dinero, apellidos conocidos o influencias en las cúpulas del poder. El supuesto prestigio del que se vanagloria el entorno de Inés Gómez Mont no es más que una fachada para disfrazar su verdadera naturaleza: una red de cuello blanco que utiliza el privilegio social como escudo para violentar y evadir la justicia. Detrás de sus apellidos no hay mérito alguno; hay corrupción.

Esta no es una historia aislada, sino el patrón que enfrentan miles de mexicanos al denunciar a los poderes fácticos en México: persecución, procesos interminables y campañas mediáticas para desacreditar su testimonio. Sin embargo, el dinero y las relaciones públicas no borran el delito. Ante la ley, ningún apellido está por encima de la verdad.

La ley debe ser igual para quien no tiene nada que ofrecer, para quien tiene millones y para quien cree que su apellido lo protege de las consecuencias de sus actos.

No se trata de criminalizar la riqueza, ni de negar el derecho de cualquier persona a defenderse. Se trata de impedir que el poder económico se convierta en una herramienta para obstaculizar investigaciones, intimidar víctimas o conseguir un trato distinto frente a la justicia.

El caso de Inés Gómez Mont debe llevarse hasta sus últimas consecuencias jurídicas, sin atajos ni impunidad. Las autoridades tienen la responsabilidad de rastrear los fondos públicos sustraídos, esclarecer el destino de esos recursos y garantizar que todas las personas señaladas comparezcan ante los tribunales conforme a derecho. 

Dentro de esta trama no puede descartarse que ella misma haya sido utilizada como un instrumento o la fachada de una red más amplia de hombres con poder que se sirvieron de su figura y fama para operar. Por eso, la investigación debe ser exhaustiva, para determinar con precisión las responsabilidades que individualmente le correspondan, pero también para identificar y procesar a todos los demás participes. 

Esa misma firmeza debe aplicarse a los casos de violencia contra las mujeres, deben haber investigaciones serias y con perspectiva de género, protección efectiva y autoridades independientes que no concedan ningún trato de favor por el dinero, el apellido o las influencias de la persona denunciada.

Como juzgadora, no puedo prometer resultados ni anticipar sentencias, pero sí puedo defender una convicción que no cambia dentro ni fuera de un tribunal: ninguna persona debe estar por encima de la ley.

México no necesita más fortunas inexplicables, ni familias convencidas de que un apellido o una red de influencias las coloca por encima de la ley. Necesita instituciones firmes, dispuestas a investigar sin miedo a los poderes fácticos, a juzgar sin ceder a presiones y a proteger a quienes se atreven a romper el silencio.

Porque detrás de cada expediente hay seres humanos. Detrás de cada peso sustraído al erario hay escuelas sin recursos, hospitales desabastecidos y necesidades sociales que jamás fueron atendidas. Y detrás de cada mujer que alza la voz contra la violencia o la impunidad, hay una historia que exige ser escuchada con dignidad, no sepultada por la complicidad.