Habitantes advierten que los camiones continúan retirando materiales potencialmente peligrosos sin medidas visibles para evitar la dispersión de partículas durante su recorrido, pese a las denuncias previas contra Fuad Georges Farah Valdez.
A pesar de las denuncias por la presunta extracción irregular de materiales tóxicos de la antigua fundidora Ávalos, en Chihuahua, camiones tipo góndola continúan transportando estos residuos, mientras habitantes alertan que el polvo de las cargas se dispersa por calles y carreteras, exponiendo a la población a posibles riesgos ambientales y de salud.
En un nuevo reporte ciudadano, pobladores documentaron la circulación de estas unidades y señalaron que el problema no se limita a las inmediaciones de la antigua fundidora, sino que alcanza a distintos municipios por donde transitan los vehículos. Acusan que las cargas desprenden partículas durante el traslado, sin que se observen medidas suficientes para contenerlas.
La denuncia da seguimiento a los señalamientos publicados por Los Reporteros MX el pasado 22 de octubre, cuando habitantes acusaron a Fuad Georges Farah Valdez, identificado como funcionario del Poder Judicial de Chihuahua, de presuntamente participar en el saqueo y comercialización de materiales potencialmente peligrosos, sin acreditar las autorizaciones correspondientes.
En aquella investigación también se señaló a Viacasa Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V., como empresa relacionada con las operaciones. Los testimonios referían la circulación de más de 20 góndolas diariamente, con cargas superiores a las 38 toneladas, presuntamente destinadas a otras entidades, entre ellas Coahuila.
La preocupación tiene antecedentes documentados: en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por las condiciones ambientales de Ávalos, donde advirtió sobre la exposición de habitantes a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio, derivados de la contaminación histórica de la zona.
Ante la continuidad de los traslados, los denunciantes exigen la intervención de las autoridades ambientales para inspeccionar los camiones, verificar los permisos de extracción y transporte, determinar si existe dispersión de residuos peligrosos y establecer posibles responsabilidades. Mientras tanto, advierten que la contaminación podría extenderse más allá de la antigua fundidora y afectar a comunidades de distintos puntos de Chihuahua.
