El presidente panameño José Raúl Mulino abrió la puerta a negociar con la minera canadiense First Quantum Minerals para reactivar Cobre Panamá, una decisión que despierta críticas por el riesgo de privilegiar los intereses empresariales sobre la voluntad ciudadana y las demandas ambientales de quienes consiguieron el cierre de la mina mediante protestas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el inicio de conversaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar la posible reactivación de la mina Cobre Panamá, clausurada desde noviembre de 2023. El proyecto quedó suspendido después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de multitudinarias protestas contra la explotación minera.

Aunque Mulino asegura que cualquier acuerdo deberá garantizar beneficios económicos para el país, protección ambiental y respeto a la Constitución, su decisión abre nuevamente la puerta a una empresa cuya concesión fue invalidada por la justicia. El discurso de defender los intereses nacionales resulta cuestionable cuando el gobierno vuelve a sentarse a negociar con la compañía que estuvo en el centro de una de las mayores movilizaciones sociales de Panamá.

La mina representaba más del 4% del PIB panameño y alrededor de 7 mil empleos directos, pero su cierre también desencadenó arbitrajes internacionales por 27 mil millones de dólares contra el Estado. Ahora, el mandatario pretende que las negociaciones incluyan la conclusión de esos procesos y un plan de cierre ordenado, aunque el propio planteamiento de una posible reactivación genera incertidumbre sobre el destino definitivo del proyecto.

El problema de fondo es que Mulino parece dispuesto a reabrir una discusión que la ciudadanía ya llevó a las calles y que terminó con una resolución judicial contra la concesión. En lugar de respaldar con claridad a quienes se manifestaron para defender el territorio y el medio ambiente, el gobierno vuelve a colocar a la empresa minera en la mesa de negociación. La promesa de obtener mayores beneficios para Panamá no elimina las dudas sobre un posible retroceso frente a las exigencias sociales que provocaron el cierre.