El técnico forense del laboratorio Citizen Lab aceptó no poder comprobar el origen del espionaje con el malware Pegasus en contra de un opinador, un reportero y un activista, por lo que no se ha determinado que dicha institución fue que operó la infección de los teléfonos móviles en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su más reciente reporte acerca de los nuevos hallazgos, Citizen Lab declaró: “evaluamos con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. En este momento, los datos técnicos disponibles para estos casos recientes (2019-2021) no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de NSO Group en particular. Sin embargo, cada una de las víctimas sería de gran interés para las entidades dentro del gobierno mexicano y, en algunos casos, preocupantemente, para los cárteles”.
Lo anterior indica que los medios mexicanos que se atribuyen la supuesta investigación, sabían desde un principio que el estudio de Citizen Lab no señalaba directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni el laboratorio canadiense estaba en posibilidades de determinar si dicha secretaría estaría involucrada en el espionaje.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado reiteradamente que en su administración no se llevan a cabo labores de espionaje y que el software Pegasus fue adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón, mientras Genaro García Luna, hoy en prisión por colusión con el narcotráfico en los Estados Unidos, dirigía el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de que también estuvo disponible durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y fue precisamente durante aquellas administraciones que la entonces Procuraduría General de la República, la Conagua, la Policía Federal e incluso gobiernos estatales, como el de Chiapas y el del Estado de México, compraron licencias a NSO Group, pero además, grupos de empresarios y hasta del crimen organizado tendrían actualmente acceso a Pegasus, razón por la cual la Fiscalía General de la República inició, desde 2019, sendas investigaciones contra altos exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, de quienes las autoridades sospechan que comercializaron indebidamente las licencias del malware.
Así, tras el descubrimiento de un centro clandestino de espionaje en un inmueble, presuntamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga, ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, donde se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del actual gobierno federal, incluidas del mismo presidente López Obrador, la UIF y la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2019 presentaron sus correspondientes denuncias.
Estas investigaciones involucran, entre otros, al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra en prisión; el prófugo Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto Cisen, Alberto Bazbaz; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas; y los extitulares de la PGR, Alberto Elías Beltrán y Raúl Cervantes.
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