A cinco días de que se documentó la problemática, los vehículos irregulares continúan captando pasajeros en Monterrey y Guadalajara, por lo que operadores autorizados exigen acciones concretas de las autoridades.
Los taxis pirata continúan operando al 5 de octubre en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, pese a la presencia de la Guardia Nacional y a que la problemática ya fue exhibida públicamente. Conductores siguen ofreciendo traslados directamente a pasajeros en las inmediaciones de las terminales, sin que resulte claro qué autoridad está impidiendo su operación.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se ha documentado a personas ofreciendo estos servicios en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Algunos vehículos carecen de identificaciones visibles como transporte autorizado y portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango. Trabajadores de empresas concesionadas han señalado que estos operadores continúan captando clientes sin una intervención visible.
La situación representa un riesgo para miles de pasajeros. Durante 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey movilizaron alrededor de 34.6 millones de personas, por lo que la falta de controles efectivos sobre quién ofrece transporte en las terminales deja a turistas, familias, adultos mayores y viajeros que llegan de noche en una posición de vulnerabilidad. Entre los riesgos señalados están cobros excesivos, robo de equipaje y dificultades para identificar al conductor o exigir responsabilidades.
Un caso documentado exhibió precisamente este problema: pasajeros que abordaron uno de estos vehículos denunciaron que el conductor terminó exigiéndoles alrededor de 3 mil 200 pesos, mientras sus maletas permanecían en la cajuela y el operador conocía su dirección exacta. En Guadalajara, el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico también alertó sobre prestadores irregulares y recomendó utilizar exclusivamente taxis oficiales o plataformas autorizadas.
Por ello, el llamado es a la Guardia Nacional, autoridades aeroportuarias, SICT y demás dependencias responsables de la vigilancia para que revisen cómo estos vehículos continúan captando pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales. El reclamo de los transportistas autorizados no es por mayor presencia de seguridad, sino por que la vigilancia se traduzca en controles efectivos y se garantice que los usuarios tengan acceso únicamente a servicios identificados y regulados.
La pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién está permitiendo que los taxis pirata sigan operando frente a puntos de vigilancia federal? Mientras las unidades autorizadas cumplen requisitos y controles, los servicios irregulares continúan a la vista de los pasajeros, por lo que las autoridades tienen pendiente dar una respuesta y actuar.
