Hay una frase que se ha vuelto demasiado cómoda entre ciertos comentaristas, opinadores y sectores de la oposición: “los programas sociales son dinero tirado a la basura”. La repiten como si fuera una verdad económica, cuando en realidad es una vieja idea política clasista disfrazada de análisis.

No, compañeras y compañeros: darle una pensión a una persona adulta mayor no es tirar dinero a la basura. Darle una beca a un joven tampoco. Apoyar a una persona con discapacidad no es desperdiciar recursos públicos. Y mucho menos es “regalar dinero”.

En el periodo neoliberal durante décadas nos acostumbraron a pensar que el gobierno podía decidir quién recibía ayuda y quién no. Los programas sociales podían desaparecer, cambiar de nombre o convertirse en instrumentos de presión política dependiendo de quién estuviera en el poder.

Porque cuando un gobierno le decía a una persona: “te doy esto porque yo quiero y porque me vas a apoyar con tu voto y activismo político”, el ciudadano terminaba dependiendo de la voluntad del político. Eso es precisamente lo que debería preocuparnos cuando hablamos de clientelismo y de administración de la pobreza.

Hoy la lógica es distinta: los apoyos forman parte de una política de bienestar que busca garantizar derechos y reducir desigualdades. El propio CONEVAL ha señalado que la política social debe analizarse desde un enfoque de derechos y que los programas están vinculados con derechos sociales y bienestar económico.

Entonces dejemos de hablar de los beneficiarios como si fueran una masa de personas esperando que el gobierno les aviente dinero. Hablemos de personas. La abuela que después de toda una vida de trabajo recibe una pensión y puede comprar sus cosas. La joven que puede continuar estudiando gracias a una beca. La persona con discapacidad que recibe un ingreso que le permite enfrentar parte de sus gastos. El campesino que obtiene apoyo para continuar trabajando su tierra. La familia que puede enfrentar un periodo complicado sin caer inmediatamente en una situación todavía más precaria.

Por eso la discusión no debería reducirse a cuánto dinero se entrega. La pregunta correcta es: ¿qué está haciendo el Estado para que una persona pueda vivir con mayor dignidad?

Y ahí entran muchas otras cosas: educación pública, salud, infraestructura, empleo, salario, vivienda, pensiones, becas, apoyo al campo, cuidados y desarrollo regional.

Un programa social aislado jamás va a resolver la desigualdad. Pero tampoco podemos pretender combatir la desigualdad quitando los programas sociales. Es como decir que para combatir la pobreza hay que quitarle a los pobres los pocos mecanismos de protección que tienen. No tiene sentido.

También resulta curioso que quienes hoy se escandalizan porque el Estado destina recursos a las personas en situación de vulnerabilidad rara vez hayan tenido la misma indignación frente a otros privilegios, rescates financieros o beneficios otorgados históricamente a grandes grupos económicos.

Si los recursos públicos se utilizan para garantizar derechos, reducir desigualdades y ampliar oportunidades, estamos hablando de política social. Y si además esos programas tienen reglas, padrones, mecanismos de operación y procesos de evaluación, no estamos hablando de dinero aventado a lo loco. Estamos hablando de política pública.

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