Las deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han encendido las alertas en estados clave como California y Texas. No se trata sólo de un tema migratorio, sino de una posible crisis económica que pondría en riesgo sectores estratégicos para el funcionamiento del país.
Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) muestran que en 2024, más de seis millones de migrantes mexicanos trabajaban en 12 estados estadounidenses. California y Texas concentran casi la mitad de esa fuerza laboral. El primero da empleo a más de 2.3 millones de trabajadores mexicanos (31.1% del total nacional), mientras que el segundo suma casi 1.5 millones (19.7%).
Esta presencia no es solo numérica, sino funcional: los migrantes mexicanos son quienes sostienen la agricultura, la construcción, la minería y el trabajo doméstico en estas regiones. En California, uno de cada 1.8 hombres que trabaja en el campo es mexicano. En la construcción, la proporción es de uno por cada 3.2. Entre las mujeres empleadas en servicios domésticos, una de cada 2.7 también es migrante mexicana.
En Texas, el panorama es similar. Uno de cada 3.3 hombres en la construcción y una de cada 3.6 mujeres en el trabajo doméstico también provienen de México. Otras entidades como Illinois, Arizona, Florida y Colorado dependen igualmente de esta mano de obra, sobre todo en manufactura y servicios de alimentación.
Expertos advierten que una política de deportaciones masivas podría generar escasez de trabajadores, encarecer la producción y afectar el consumo. El agro, ya golpeado por desafíos climáticos, sería uno de los sectores más vulnerables. Además del impacto humanitario, la salida abrupta de millones de trabajadores podría desatar una recesión local y nacional.
La mano de obra mexicana no es prescindible: es el motor que sostiene gran parte de la economía estadounidense. Su exclusión no sólo representaría una injusticia social, sino un error económico de gran escala.
Comentarios