El gobierno mexicano se encuentra en medio de una disputa legal internacional tras la presentación de una contrademanda por parte de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reveló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Esta acción jurídica, introducida por la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, alega violaciones a varios artículos de estatutos internacionales relacionados con el asalto policial a la embajada mexicana en Quito.
La controversia surgió casi un mes después de que elementos de la policía ecuatoriana ingresaran sin autorización a la embajada mexicana, una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La SRE expresó sorpresa ante la contrademanda ecuatoriana y señaló que responderá a las acusaciones en el momento procesal adecuado.
“… ante el inicio de procedimientos que Ecuador presentó el día de hoy en la CIJ en contra de nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que llama la atención que estos señalamientos se presentan a casi un mes de la violenta irrupción a la Embajada de México. Sin embargo, los señalamientos eran previsibles y serán respondidos en el momento procesal oportuno.”, se lee en el comunicado.
Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, confirmó que el equipo legal mexicano está preparado para enfrentar la primera audiencia en La Haya el próximo martes, donde se discutirán las presuntas violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador, incluyendo la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Por otro lado, el gobierno ecuatoriano defiende su postura legal, alegando que México ha violado acuerdos internacionales al otorgar asilo a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. Según Quito, esta acción de México interfiere en los asuntos internos de Ecuador y va en contra de las Convenciones sobre Asilo Diplomático.
Este conflicto diplomático ha captado la atención internacional y ha sido objeto de llamados a una resolución pacífica por parte de figuras como António Guterres, secretario general de la ONU. La situación pone a prueba las relaciones entre los dos países y los principios del derecho internacional en cuanto a la protección de sedes diplomáticas y el asilo político.
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