El pasado viernes 5 de abril, México anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Ecuador después de que la Policía ecuatoriana irrumpiera en la embajada mexicana en Quito con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo del país azteca y aguardaba un salvoconducto para abandonar el territorio ecuatoriano.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció el lunes que el país emprendería tres acciones concretas en respuesta a este incidente, entre las cuales destaca “presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ya se está preparando ahora”.
Por otro lado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes que México llevará a Ecuador ante la CIJ por lo que calificó como “el asalto” a su embajada, tachándolo de “autoritario y vil”. Glas, quien había salido de prisión en noviembre de 2022 bajo libertad condicional tras cumplir cuatro años y medio de condena por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado relacionados con el caso Odebrecht, ahora enfrenta nuevas acusaciones, incluyendo peculado.
Ecuador justificó la acción de la policía argumentando que el asilo diplomático de Glas en la embajada mexicana era “contrario al marco jurídico convencional” y que la incursión en el recinto fue motivada por un “riesgo real de fuga inminente”, aunque no ofreció detalles sobre dichos riesgos.
CIJ acepta demanda de México a Ecuador
Fue este jueves que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha admitido la demanda presentada por México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. La CIJ informó que México presentó la denuncia acompañada de una solicitud de medidas provisionales mientras se dicta una sentencia definitiva en el caso.
Entre las medidas solicitadas se encuentra que el gobierno de Ecuador brinde protección y seguridad plena a las sedes diplomáticas mexicanas y que permita el desalojo de las instalaciones y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos, así como que garantice que no se tomen acciones que perjudiquen los derechos de México respecto a cualquier decisión que tome la Corte sobre la controversia.
Sigue leyendo…
