Las gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades federativas enviaron una carta a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para pedirle que no desaparezca la prisión preventiva oficiosa, ya que afectaría la seguridad y la gobernabilidad del país.
Los mandatarios que integran la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) se pronunciaron sobre la importancia de que se mantenga la “Supremacía Constitucional” sobre cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno de los mexicanos y mexicanas, además de evitar la vulneración de la “Carta Magna”.
Es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.
Indica la carta.
Además, destacaron que la prisión preventiva oficiosa es una medida de combate al crimen y garantiza una adecuada conducción de los procesos penales, que protege a las víctimas y que procura que los responsables no queden impunes.
Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas.
Señala el documento.
Asimismo, señalaron que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene efectos vinculantes, las resoluciones deben de ser armonizadas con la Constitución de México, siempre cuidando la soberanía y el ordenamiento jurídico interno del país.
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