La idea de que cambiar el mecanismo de selección de las personas juzgadoras, mediante su elección por voto popular, terminaría por sí mismo con la impunidad y la corrupción en México parte de un diagnóstico equivocado del funcionamiento de la justicia penal. La corrupción y la impunidad no se originan únicamente en la forma en que se designa a quienes juzgan. El sistema penal involucra a policías, fiscalías, peritos, defensores, autoridades penitenciarias y, por supuesto, órganos jurisdiccionales. Si las redes de corrupción pueden operar desde la investigación de un delito, manipular una carpeta, fabricar una imputación o utilizar indebidamente las facultades del Estado, cambiar únicamente el mecanismo de selección de los juzgadores no resuelve las causas que permiten que esas prácticas ocurran y, mucho menos, garantiza por sí mismo que desaparezcan.

Cualquiera que haya caminado por los pasillos de una agencia del Ministerio Público, que conozca cómo funcionan las fiscalías, sabe con absoluta certeza dónde se vende el destino de las víctimas y cómo el pobre es aquel que no encuentra justicia y, en muchos casos, siendo inocente, termina en prisión. El juez no sale a perseguir criminales a la calle ni levanta casquillos en la madrugada; el juez resuelve con el expediente que le llevan a la mesa, con lo que las partes ponen a su vista. Y es precisamente en ese primer eslabón, en los escritorios grises de las fiscalías locales y federales, donde la justicia en este país no solo se detiene: se vende, se negocia o se pudre.

Las cifras oficiales no alcanzan a retratar la tragedia humana, pero exhiben la dimensión del engaño. De acuerdo con el INEGI, más del 93 % de los delitos que se cometen en México ni siquiera se denuncian. La gente no deja de ir por flojera o indiferencia; no va porque sabe que entrar a una fiscalía es someterse a una segunda victimización, a horas de maltrato, a pedir favores y a toparse con servidores públicos que miran el reloj esperando dinero para mover una sola hoja. Y de ese raquítico porcentaje que sí se atreve a denunciar, la inmensa mayoría de las carpetas van a dar a un cajón en el olvido. La efectividad real del sistema no llega ni al 2 %. ¿De qué sirve transformar juzgados si la materia prima que llega a ellos está podrida desde el origen?

La corrupción y la falta de vocación ministerial operan con dos rostros descarados. Por un lado, la desprotección más miserable hacia los vulnerables. Y lo viví como abogada postulante de forma recurrente: mujeres víctimas de violencia extrema, delitos sexuales o agresiones intrafamiliares, víctimas que tienen que mendigar medidas de protección; madres que deben pagar de su propia bolsa la gasolina de la patrulla para que vaya a notificar, o que tienen que conseguir por sus propios medios las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que se borren, porque el agente del Ministerio Público a cargo «no tiene personal», o hubo una «falla técnica y se borraron». Si la víctima o el imputado es pobre, su carpeta está muerta o tarda años en judicializarse. Esa indolencia no es falta de presupuesto ni cansancio burocrático: es una forma perversa de violencia institucional y de un negocio que tiene atrapados a los ministerios públicos.

Por otro lado, opera una justicia a la carta para los ricos y los influyentes. Mientras una fiscalía puede mantener congelada la denuncia de una mujer violentada, aun cuando existen pruebas, también puede fabricar en cuestión de días una investigación penal para obtener una orden de aprehensión al servicio de un despacho influyente o de intereses políticos. Se inventan delitos patrimoniales para cobrar venganzas comerciales, se convierten controversias civiles en supuestos fraudes penales y se utiliza la amenaza de la cárcel como instrumento de extorsión. Y cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, como ocurre frente a detenciones ilegales sustentadas en informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio, las redes de corrupción reaccionan utilizando el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para linchar mediáticamente al juzgador y ocultar su propia responsabilidad.

Sería injusto, sin embargo, desconocer que también existen agentes del Ministerio Público que trabajan con honestidad, que se esfuerzan por hacer justicia y que genuinamente buscan ayudar a las personas. El problema es que, en determinadas instituciones, las redes de corrupción son tan profundas que terminan por involucrar, someter o convertir en instrumentos de sus intereses incluso a quienes inicialmente no forman parte de ellas. Hay quienes participan directamente y quienes, bajo presiones, instrucciones o amenazas de sus propios compañeros o superiores, terminan ejecutando actos que nunca debieron ocurrir. El resultado es el mismo para quien enfrenta un proceso penal: investigaciones manipuladas, detenciones ilegales, informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio y decisiones que pueden destruir una vida. Cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, esas mismas redes pueden utilizar el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para desacreditar públicamente al juzgador, mientras ocultan su propia responsabilidad.

Hablemos claro: la autonomía de las fiscalías se convirtió en un cheque en blanco para el compadrazgo y la impunidad interna. Se autonombraron intocables, pero siguen subordinadas al poder político en turno y a los intereses fácticos de sus titulares. Adentro no asciende quien investiga con rigor científico, ética o perspectiva de derechos humanos; asciende quien obedece consignas, quien cuida las espaldas a los mandos y quien sabe qué expedientes no deben tocarse jamás. Sus órganos de control interno y sus visitadurías son simples figuras de adorno, diseñadas para tapar los delitos de casa y castigar únicamente al que no se alinea a la red.

La ciudadanía tiene que mirar de frente la raíz del problema. No habrá paz, verdad ni reparación del daño mientras existan fiscalías en las que la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción permitan que una denuncia no sea debidamente investigada, que una investigación se utilice para favorecer intereses particulares o que una persona sea sometida a un proceso penal por razones ajenas a la justicia.

La reforma que realmente puede cambiarle la vida al ciudadano no consiste únicamente en modificar estructuras, cambiar nombres o mover funcionarios de una oficina a otra; exige instituciones capaces de investigar con independencia, de rendir cuentas sobre la actuación de sus agentes y sobre las determinaciones que adoptan en cada investigación, de explicar y justificar sus decisiones conforme a la ley y, sobre todo, de investigar y sancionar a quienes utilizan las facultades del Estado para cometer abusos. También implica proteger a los agentes del Ministerio Público que hacen correctamente su trabajo, para que no sean presionados, utilizados o silenciados por quienes pretenden convertir la procuración de justicia en un espacio de intereses particulares.

La justicia penal no comienza con la sentencia de un juez. Comienza mucho antes: en el momento en que una persona herida, asustada o vulnerada cruza la puerta de una fiscalía buscando ser escuchada y encontrar protección. Ahí empieza también la responsabilidad del Estado. Si esa persona encuentra indiferencia, corrupción, influyentismo, violencia o impunidad, el daño no termina en una carpeta mal integrada: se rompe su confianza en las instituciones y se debilita el Estado de derecho.

Por eso, combatir la corrupción en las fiscalías no es una cuestión administrativa ni un asunto interno de las instituciones; es una obligación frente a cada persona que deposita en ellas su libertad, su patrimonio, su seguridad y, muchas veces, la esperanza de obtener justicia.

Porque cuando el poder de investigar deja de estar al servicio de la justicia, puede convertirse en una de las formas más peligrosas de injusticia.