Con la finalidad de enfrentar y reparar décadas de migración sufrida en Michoacan, desde el pueblo P’urhépecha en Cherán Atzucyurun, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dio banderazo de salida al Plan de Justicia para la región
El plan tiene como eje central promover la justicia social y ambiental, buscando ofrecer soluciones concretas a los problemas históricos que han afectado a este pueblo originario.
Este proyecto abarca una amplia gama de acciones que incluyen mejoras en áreas clave como la educación, salud, vivienda, apoyo al campo, seguridad y la revitalización cultural. En este último aspecto, se contempla el rescate de la emblemática tradición de las guitarras de Paracho, así como el fortalecimiento de la lengua purépecha, lo que contribuirá a la preservación y el reconocimiento de su rica herencia cultural.
Además, una de las iniciativas más destacadas será la implementación del Programa Nacional de Estufas para el Bienestar, el cual tiene como objetivo reducir hasta un 50% el humo en las viviendas de las comunidades, lo que representa una mejora directa en la salud de las familias. Este programa también se enfocará en proteger los bosques sagrados de la región, contribuyendo a la preservación del medio ambiente en un territorio que es vital tanto para la comunidad como para el equilibrio ecológico de la zona.
El Plan de Justicia contará con una inversión inicial de 500 millones de pesos, los cuales serán gestionados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que trabajará en coordinación con las propias comunidades. Un aspecto clave de este proyecto es que se respetará el derecho de las comunidades a la autodeterminación, asegurando que las decisiones y acciones sean tomadas en conjunto con los pueblos originarios, fortaleciendo así su autonomía.
Claudia Sheinbaum destacó que este plan es una forma de devolverles a los pueblos indígenas lo que les fue arrebatado durante siglos de injusticias. La presidenta reafirmó su compromiso personal para supervisar el avance de este proyecto, asegurando que se cumpla con los objetivos establecidos y que las comunidades reciban los beneficios que les corresponden por derecho.
Este esfuerzo tiene un significado histórico, ya que marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y los pueblos originarios. Es un paso importante para reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo un modelo de gobernanza indígena que respete su autonomía y permita un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades involucradas.
Con este plan, el gobierno de Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con la justicia social y la reparación histórica, abriendo un camino hacia un futuro más inclusivo y equitativo para las comunidades indígenas del país.
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