La semana pasada la Ministra Presidenta Norma Piña ordenó una investigación administrativa contra el exministro Arturo Zaldívar, a raíz de una denuncia anónima; sin embargo, esto más allá de mostrar símbolos de transparencia por parte del Poder Judicial, anuncia una clara intención por parte de la presidenta de la Scjn de incidir en las elecciones, en este sentido ¿Este acto se podría considerar como persecución política?
Resulta curioso (para no decir sospechoso), que esta investigación se de en un cierto contexto: además de las cercanas elecciones, el exministro se integró al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum como asesor para la Reforma Judicial. Por lo que, no solo se ataca al exministro, se ataca directamente a AMLO y a Claudia Sheinbaum. Por otra parte, la ya mencionada denuncia “anónima” no solo involucra a Zaldívar, pues dentro de esta se menciona a otros funcionarios del PJ que incluye a magistrados y jueces que votaron en contra de los amparos promovidos por Claudio X. Gonzales, principal opositor al gobierno del presidente López Obrador.
El uso político de esta denuncia se hace más notable al haberse filtrado y distribuido a los medios de comunicación violando la presunción de inocencia de las personas referidas en la denuncia. Sin mencionar que esta carece de pruebas. A esto se agrega el que en la historia de nuestro país nunca se ha investigado a exministros, por ello, no hay ningún procedimiento para realizar una investigación, lo que abre la puerta a que se realice un protocolo a “modo”. A falta de dicho protocolo, por el momento, no se está investigando a Arturo Zaldívar, entonces ¿Cuál era el fin de procesar una denuncia anónima sin pruebas? La respuesta es el golpe mediático y político porque como dice el presidente López Obrador; la calumnia cuando no mancha, tizna.
En conjunto, mientras no haya pruebas que sostengan la denuncia, se está acusando a Arturo Zaldívar por su ideología política, se le está condenando por formar parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, esto con una finalidad electoral. Si es que el Consejo de la Judicatura investigará conflictos de interés, que también se investigue a Luis María Aguilar y a Alberto Pérez Dayan con relación al Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga en contra de las políticas públicas y reformas de la Cuarta Transformación, y del cual son integrantes.
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