El máximo tribunal analizará si el exgobernador chihuahuense enfrenta cargos ajenos a su extradición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió este miércoles atraer dos amparos presentados por César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Con esta decisión, los ministros determinarán si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a los que motivaron su entrega.
El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del décimo séptimo circuito remitió el caso a la Corte. Ese tribunal pidió resolver, mediante los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024, si Duarte tiene derecho de audiencia y defensa antes de enfrentar nuevos cargos.
El debate central involucra la “regla de especialidad”, contemplada en el artículo 17 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Esta norma solo permite ampliar los cargos contra una persona extraditada si el país que la entregó otorga su consentimiento previo.
Duarte llegó a México extraditado en junio de 2022. Enfrentaba entonces cargos por asociación delictuosa y peculado agravado, delito relacionado con más de 96 millones de pesos.
En 2023, el exfuncionario priísta promovió un amparo. Argumentó que México pidió autorización a Estados Unidos para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le dio la razón, anuló la audiencia inicial de agosto de ese año y ordenó su libertad en ese proceso específico.
Las autoridades federales impugnaron esa sentencia. Sostuvieron que el consentimiento de Estados Unidos forma parte de un trámite diplomático, no de un nuevo procedimiento de extradición. Por eso, argumentan, Duarte no tendría derecho de audiencia en ese trámite. Dada la relevancia constitucional del asunto, el pleno de la Corte optó por atraerlo.
Duarte permanece recluido en el penal del Altiplano. Desde diciembre de 2025 enfrenta además un proceso federal por presunto lavado de dinero.
