No han sido pocas las veces en las que se ha debatido si existen o no vinculos entre la justicia y la política, sobre todo ahora en esta época que se caracteriza, desde algunos sectores jurídicos, como la «era de los jueces».
Ciertamente, la actividad judicial se ha incrementado en los últimos años. Sin exagerar, puede decirse que todo ha de pasar por el filtro de los tribunales. Aspecto por el cuál se genera el debate.
Hoy, no basta con que una ley se apruebe en el Congreso por una mayoría ni tampoco ganar ampliamente en las urnas. Tanto para una cosa, como para la otra, es necesaria la presencia del poder judicial.
Pero más allá de estos casos que ya han alcanzado gran demanda, la justicia ordinaria también se relaciona con la cuestión política.
Muchos casos existen y se debaten en la literatura jurídica que se han tomado de la misma práctica; lugar donde poco o nada se debate más allá de las audiencias.
Por ejemplo, el mítico caso de Riggs vs Palmer, tras el cual está en disputa una herencia y donde uno de los argumentos de los jueces que fallaron en contra de Palmer fue respecto a qué mensaje se daría, desde el tribunal, a los ciudadanos si se permitiera que reclame la herencia.
Casos como ese obligan a cuestionar el por qué el poder judicial mexicano sigue en negación respecto a la relación entre justicia y política, ya que el mensaje parece ser el mismo: «si se tiene dinero o poder…».
Así las cosas, se sabe que no son pocos los casos en que políticos, empresarios o personajes famosos se salen con la suya ante actos judiciales. Gozan de libertad o tienen licencia para seguir violando la ley.
Por todo, si una de las cosas que se pretende es la estructuración del poder judicial, uno de los puntos importantes es empezar a tener la capacidad de visualizar la relación entre la justicia y la política. Que ya no sea tabú, por ejemplo, que los jueces digan sus afinidades políticas o que se empiece a aceptar que las decisiones judiciales tienen un impacto importante en la sociedad.
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