Este lunes, un juez federal otorgó una suspensión provisional, que detiene la ejecución del decreto que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que conjuntamente asciende a un monto de 15 mil millones de pesos para el goce y disfrute de la élite judicial.
Al respecto, Juan Fernando Luévano, juez federal del Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se abstengan de transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Se abstenga de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.
Se lee en la orden judicial.
Dicha medida, se debe a que María del Carmen Cordero, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, promovió un amparo en materia administrativa en contra del decreto por el que se extinguen trece de los catorce fideicomisos del PJF, señalando que el decreto de viola los artículos constitucionales 1, 14, 16, 17, 49, 94, 100, 116, 123 y 127.
Los 13 de los 14 fideicomisos, que fueron extinguidos por las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, seguirán funcionando con normalidad y regularidad hasta el próximo 9 de noviembre, que es cuando se celebre la audiencia incidental en la que se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva.
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