Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden de emergencia este sábado para restringir el acceso del recién creado Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE) a información financiera y personal de millones de ciudadanos almacenada en el Departamento del Tesoro. La medida responde a una demanda presentada por 19 fiscales generales estatales, quienes acusan al gobierno de Donald Trump de vulnerar leyes de protección de datos al ampliar el acceso a estos registros.
El fallo, emitido por el juez Paul A. Engelmayer, establece que ningún funcionario político, agente especial o empleado gubernamental adscrito a una agencia externa podrá ingresar a los sistemas del Tesoro hasta que se resuelva el caso en una audiencia programada para el 14 de febrero. Además, ordena la eliminación inmediata de cualquier información descargada desde el 20 de enero, día en que Trump asumió la presidencia.
El DOGE, dirigido por Elon Musk, fue creado con el objetivo de asesorar al gobierno en la reducción del gasto público y la reestructuración administrativa. Desde su formación, ha impulsado recortes en programas de ayuda exterior, disminuciones presupuestarias en diversas agencias y la eliminación de puestos gubernamentales. Sin embargo, su intento de acceder a bases de datos financieras desató preocupaciones sobre la seguridad y el uso de información confidencial.
Los fiscales generales argumentan que la nueva política representa una violación a las leyes de privacidad y pone en riesgo la seguridad de los datos gubernamentales. En su resolución, el juez Engelmayer respaldó estas preocupaciones, señalando que los estados demandantes enfrentarían un daño irreparable si se permite la implementación de esta medida. También alertó sobre la posibilidad de que la mayor apertura de información incremente la vulnerabilidad de los sistemas del Tesoro ante ataques cibernéticos.
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