Investigadores y sociedad civil mexicana alzan la voz: Abogados e investigadores de la UNAM presentan denuncia contra el Presidente de Ecuador por allanamiento a Embajada Mexicana

Un grupo de abogados de la sociedad civil junto con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y otras autoridades ecuatorianas. Los denunciantes acusan a Noboa de haber ordenado el allanamiento de la embajada de México en Quito y otros delitos graves contra el personal diplomático mexicano.

Durante una conferencia de prensa vía remota, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especificó las acusaciones, que incluyen violencia contra funcionarios de la embajada, privación de la libertad y secuestro de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, asilado en la embajada, además de espionaje y hostigamiento contra la sede diplomática.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, catedrático de Derecho Penal Internacional en la UNAM, argumentó que la FGR tiene competencia para investigar estos actos, ya que el Código Penal Federal considera delitos cometidos en embajadas y delegaciones mexicanas como ejecutados en territorio nacional. Jiménez Vázquez señaló que los delitos denunciados incluyen traición a la patria, motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada, lesiones, privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena.

Además, Porfirio Martínez González, coordinador de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos, subrayó que a Noboa le es aplicable el principio de la improcedencia del cargo oficial contemplado en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que establece que el cargo de una persona, incluidos los jefes de estado, no exime de responsabilidad penal.

Los hechos denunciados, que incluyen ataques contra las instalaciones de la embajada y sus ocupantes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad según los denunciantes. La comunidad internacional y los organismos pertinentes están pendientes de la respuesta de la FGR y de las implicaciones diplomáticas de estos alegatos.

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