Una denuncia del instituto y seis del Órgano Interno de Control llegaron a la Fiscalía por presunta corrupción en contratos electorales. Según fuentes legislativas, entre los señalados están la expresidenta del INE y un contratista.
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por presuntos hechos de corrupción. La queja abarca contratos firmados en años recientes, entre ellos los de la elección judicial de 2025 y los de la credencial para votar.
El organismo explicó en un comunicado que actúa por su deber de cuidar la legalidad y el dinero público. Aseguró que lo hace “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”. Además, afirmó que mantiene cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo esos recursos.
Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que su oficina presentó seis denuncias penales ante la FGR. Las denuncias apuntan a funcionarios, exfuncionarios y empresas. Los delitos incluyen uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
Carvente detalló las acciones en un escrito dirigido a Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT). Ambos presiden comisiones de la Cámara que vigilan la Auditoría Superior de la Federación y el combate a la corrupción.
Fuentes legislativas señalaron que entre los involucrados estarían la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas. El escrito de Carvente no incluye nombres, según el texto citado.
El OIC también abrió un frente administrativo. Citó a ocho servidores y exservidores públicos, y a una empresa, a audiencias iniciales por presuntas faltas graves. Más adelante, enviará esos expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Carvente prometió más denuncias si detecta nuevos delitos.
El tamaño del caso explica la alarma. El 30 de octubre, el titular del OIC dijo ante los diputados que cinco empresas ligadas entre sí simulaban competir por contratos. De 2014 a 2025, esas firmas recibieron 2 mil 461 millones de pesos de organismos electorales locales.
Según Carvente, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas aparecen en todas esas compañías, junto con otras personas. Juntos formarían una presunta red empresarial.
El escándalo ya cobró una pieza clave. Taddei renunció hace unos días, después de que la señalaran por presuntos vínculos personales con los empresarios. Según las acusaciones, ella los habría favorecido con numerosos contratos.
