El Órgano Interno de Control detectó posibles desvíos, conflictos de interés y documentación falsa; también pidió homologar las reglas de contratación electoral para fortalecer la fiscalización.
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertas 37 investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones públicas, algunas de ellas ocurridas durante la presidencia de Guadalupe Taddei. Desde mayo de 2025, el organismo inició 13 expedientes que involucran a por lo menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 empresas.
A estos casos se suman 24 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control. Entre las posibles faltas detectadas se encuentran simulación de requisitos, abuso de funciones, conflictos de interés y desvío de recursos públicos, así como deficiencias en la planeación, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios que podrían ocasionar daños al patrimonio público. El OIC confirmó que encontró pruebas de posibles conflictos de interés en tres de cuatro casos revisados.
En un informe presentado ante las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el organismo también reportó hallazgos relacionados con documentación falsa o alterada, recursos sin comprobación, posibles actos de colusión y proveedores que no acreditaron capacidad técnica, económica u operativa para cumplir los contratos.
De enero de 2025 a octubre de 2026, el OIC emitió 20 sanciones, entre ellas 19 inhabilitaciones contra 14 funcionarios y exfuncionarios, así como cinco particulares, además de una suspensión por 30 días. También impuso tres sanciones económicas que, en conjunto, ascienden a 1.6 millones de pesos. Entre los casos destaca la inhabilitación de la empresa Bell-Krom, el pasado 2 de octubre, por incumplir la entrega de 25 mil 302 chamarras destinadas a personal electoral durante los comicios de 2023-2024.
El organismo informó que el 9 de octubre notificó al INE 45 observaciones preliminares derivadas de una auditoría a las contrataciones realizadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026. Ante las diferencias en las reglas y condiciones de compra entre el instituto y los organismos públicos locales electorales (OPLE), el OIC propuso establecer una política nacional de regulación de contrataciones electorales, con precios de referencia, estudios de mercado y criterios técnicos homologados.
La propuesta también contempla una estrategia nacional de fiscalización que articule a los órganos de control electorales con la Auditoría Superior de la Federación y las instancias estatales. El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que las investigaciones continuarán bajo los principios de objetividad, independencia y respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
