Durante mes y medio, barrios latinos de Los Ángeles vivieron una campaña de miedo orquestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizó 471 redadas entre el 6 de junio y el 20 de julio. De acuerdo con información recopilada por Milenio, la organización Chirla detectó que en promedio se ejecutaron 10 operativos diarios, principalmente en zonas como Panorama City, Pico Rivera y el Valle de San Fernando, donde el porcentaje de población hispana supera el 80%.
Las detenciones, muchas sin orden judicial y con agentes sin uniforme oficial, se dirigieron a trabajadores, mujeres embarazadas y ciudadanos con residencia legal o ciudadanía estadounidense, seleccionados bajo criterios de perfil racial, como hablar español, tener rasgos latinos o trabajar en empleos específicos.
Este patrón, documentado por Chirla y organizaciones aliadas, derivó en una demanda federal respaldada por la ciudad de Los Ángeles y su alcaldesa Karen Bass, la cual fue atendida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien emitió dos órdenes de restricción temporal (TRO). Una de ellas prohíbe a ICE realizar detenciones basadas en apariencia física, idioma o lugar de presencia sin sospecha razonable. La otra obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar acceso a representación legal incluso fines de semana y días festivos.
Este fallo marcó un freno legal a las redadas en California y sentó un precedente para otras ciudades del país que podrían unirse a la demanda. Mientras tanto, el Pentágono anunció el retiro de mil elementos de la Guardia Nacional de las calles de Los Ángeles, dejando únicamente 250 soldados para resguardar instalaciones federales como el Centro Metropolitano de Detención, epicentro de las protestas ciudadanas.