Una grabación difundida por medios refiere que la alcaldesa de Uruapan habría autorizado la defensa legal de los siete policías investigados por su probable responsabilidad en el homicidio por omisión del exedil.
A un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, una grabación difundida por UnoTV expuso presuntos detalles sobre el apoyo legal y económico que Grecia Quiroz, actual alcaldesa del municipio, habría brindado a siete policías detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio por omisión del exfuncionario.
El audio, fechado el 25 de noviembre, registra una conversación entre Samuel, entonces encargado de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, el hermano de uno de los escoltas y un abogado. Durante el diálogo, Samuel aseguró que Quiroz habría autorizado la contratación de la defensa jurídica de los detenidos y enviado ropa y artículos personales a sus familiares.
En la grabación también se mencionan presuntos cobros por servicios al interior del penal y dificultades de los familiares para obtener información sobre el proceso judicial. Además, Samuel relató supuestos acontecimientos previos al asesinato de Manzo, entre ellos la presencia de personas sospechosas durante el Festival de las Velas.
El exfuncionario habría fungido como enlace entre los familiares de los policías y la alcaldesa. Sin embargo, fue detenido en enero por su probable participación en el homicidio y, posteriormente, señalado como presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la información difundida por Monitor Expresso.
La grabación incorpora nuevos señalamientos sobre las relaciones entre funcionarios municipales y los policías investigados por el caso Carlos Manzo. No obstante, las declaraciones contenidas en el audio no constituyen por sí mismas pruebas definitivas de responsabilidad penal contra Grecia Quiroz ni contra las demás personas mencionadas.
Hasta la información publicada, no se detallaron resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones contra la alcaldesa. Los señalamientos deberán ser contrastados por las autoridades con otras pruebas para determinar si existieron irregularidades en el apoyo brindado a los detenidos.
