La noche del sábado 10 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a su territorio, pocos días después de que su esposo, Carlos Torres, anunciara en redes sociales que también había sido sancionado con la revocación de su documento migratorio.
La mandataria estatal informó sobre esta situación a través de su página oficial en Facebook, minutos antes de la medianoche, señalando que la medida consular fue notificada “poco tiempo después” de la aplicada a su pareja. En su mensaje, Ávila Olmeda dejó claro que respaldará a Torres tanto en lo personal como en lo político.
“Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político”, expresó.

La gobernadora evitó detallar las razones oficiales detrás de la decisión del Departamento de Estado, pero enmarcó la situación como parte de un “contexto binacional complejo” que, dijo, asumirá con templanza y responsabilidad.
“Gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila. Mi gobierno seguirá trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos en beneficio de las y los bajacalifornianos”, agregó.
Carlos Torres, esposo de la gobernadora, ha mantenido un perfil público vinculado a la gestión estatal, pese a no ocupar cargos formales con nombramientos de estructura. Ha sido identificado como responsable de proyectos especiales durante la administración de Marina del Pilar, con énfasis en la rehabilitación del barrio de La Chinesca en Mexicali. Actualmente, participa en el gobierno municipal de Tijuana, promoviendo proyectos de recuperación de espacios públicos.

Torres fue anteriormente diputado local del PAN, partido del que fue expulsado junto con otros legisladores tras apoyar la fallida “Ley Bonilla”, que buscaba extender el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. En 2010, fue candidato a la alcaldía de Tijuana por el PAN durante el sexenio del ilegítimo Felipe Calderón.
Hasta el momento, ninguna autoridad consular estadounidense ha emitido una postura pública sobre el motivo o la duración de la restricción impuesta a la mandataria y su esposo.
Con infomación de: La Jornada
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