La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, no debería servir para romantizar su figura ni para convertirlo en un personaje de leyenda. Su historia representa uno de los capítulos más oscuros del narcotráfico mexicano y también una verdad incómoda: durante décadas, el crimen organizado no solamente creció frente al Estado, sino que encontró protección y complicidad dentro de sus propias instituciones.

Félix Gallardo murió a los 80 años, después de permanecer más de 37 años en prisión. Fue fundador del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Desde los años setenta y ochenta construyó una de las organizaciones criminales más poderosas del país, articulando rutas de tráfico de marihuana, heroína y cocaína, además de establecer alianzas con narcotraficantes colombianos y con la misma CIA.

Pero su crecimiento no puede explicarse únicamente por su capacidad criminal. Félix Gallardo tuvo vínculos con personajes del poder político y policial. Antes de convertirse en capo fue agente de la Policía Judicial de Sinaloa y escolta de la familia del exgobernador priista Leopoldo Sánchez Celis. Su cercanía con las estructuras de poder le permitió construir relaciones que serían fundamentales para consolidar su imperio.

Uno de los episodios más reveladores es la relación entre el narcotráfico y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Las investigaciones sobre esta institución han documentado cómo algunos de sus mandos participaron en redes de protección y facilitaron identificaciones oficiales a integrantes de organizaciones criminales. El caso de José Antonio Zorrilla, entonces director de la DFS, y las credenciales que habrían recibido Rafael Caro Quintero y sus escoltas, muestran hasta dónde podía llegar la infiltración del crimen en las instituciones del Estado.

Ésta es la parte de la historia que muchas veces se quiere olvidar: el narcotráfico mexicano no se convirtió en el monstruo que conocemos solamente por la existencia de capos ambiciosos, sino también por un sistema político que durante décadas permitió la corrupción, la protección institucional y la impunidad.

El PRI gobernó México durante el periodo en que estas redes criminales consolidaron buena parte de su estructura. No significa que el narcotráfico no existiera antes ni que los gobiernos posteriores estén libres de responsabilidades. Significa que el viejo régimen priista tuvo una responsabilidad histórica en la construcción de un modelo de relación entre autoridades y delincuentes que dejó consecuencias profundas para el país.

La violencia también fue parte de esa expansión. El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, por el que Félix Gallardo fue condenado, marcó uno de los episodios más brutales de aquella época. Después de la fragmentación del Cártel de Guadalajara, sus rutas y estructuras dieron paso a organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, en medio de nuevas disputas criminales.

Por eso, la muerte del “Jefe de Jefes” debe servir para recordar que el problema del narcotráfico en México no se entiende sin revisar la historia del poder político que lo cobijó. No basta con contar las hazañas criminales de los capos ni con convertirlos en protagonistas de series y corridos. Hay que hablar de los funcionarios, policías y políticos que hicieron posible su crecimiento.

Félix Gallardo murió, pero las consecuencias de aquella complicidad siguen presentes. Y mientras no se reconozca que el viejo régimen también construyó las condiciones para el fortalecimiento del crimen organizado, seguiremos contando solamente una parte de la historia.

El narcotráfico no creció únicamente porque hubo delincuentes poderosos; creció también porque hubo un poder político que les abrió las puertas. Y esa responsabilidad histórica tiene nombre: el régimen priista.