A más de un año del hallazgo de 386 cadáveres y restos óseos en condiciones insalubres, las familias denuncian que ninguna autoridad estatal ha sido sancionada y cuestionan la actuación de Coespris.

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos exigió una disculpa pública a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que un representante de su administración defendiera a funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) involucrados en la supervisión del crematorio Plenitud, donde fueron encontrados cientos de cuerpos apilados.

La molestia surgió después de que Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora, asegurara que los inspectores de Coespris “actuaron de buena fe”, pese a que, según los familiares, el establecimiento dejó de ser supervisado entre 2022 y 2025. El colectivo calificó la explicación como una falta de respeto y sostuvo que “buena fe” no puede justificar omisiones, corrupción o impunidad.

Los afectados señalaron además que más de mil 600 familias contrataron servicios funerarios relacionados con el crematorio y que algunas pudieron recibir cenizas que no correspondían a sus familiares. También acusaron al Registro Civil de Ciudad Juárez de emitir actas con destino de inhumación, mientras las familias recibían urnas con supuestas cenizas para cremación.

El caso salió a la luz el 26 de junio de 2025, cuando policías municipales localizaron 386 cadáveres y segmentos óseos almacenados en condiciones insalubres dentro de Plenitud. Posteriormente se documentó que el crematorio habría operado durante años mientras cientos de familias recibían restos que ahora son objeto de investigación.

El colectivo reclamó que, más de un año después del hallazgo, ningún servidor público ha sido sancionado por las posibles irregularidades. También recordó que Plenitud obtuvo permisos de Coespris en 2020, cuando María Eugenia Galván Antillón, madre de Maru Campos, encabezaba esa dependencia. Los familiares demandaron esclarecer responsabilidades y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación del daño.