Jóvenes también cuestionaron la inseguridad, las tarifas del transporte y el uso de policías antimotines contra manifestantes. Mientras el gobernador promete diálogo, su plan para sustituir el acueducto Chapala-Guadalajara prevé pagos con recursos públicos durante hasta 25 años.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue encarado y abucheado por estudiantes del ITESO, quienes le exigieron respuestas ante la crisis de agua sucia y contaminada que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de reclamarle por la inseguridad y las tarifas del transporte público.
Los hechos ocurrieron este jueves, luego de que el mandatario participara en una entrevista con el periodista Salvador Camarena en Radio ITESO. Al salir, un grupo de jóvenes lo cuestionó por el suministro de agua maloliente que llega a los hogares desde hace meses, así como por la falta de soluciones y la posibilidad de privatizar el recurso. También reprocharon el despliegue de policías antimotines contra quienes protestaron por el problema en la estación España del Tren Ligero.
“El agua es un derecho” y “fuera Lemus” fueron algunas de las consignas que acompañaron los reclamos. Los estudiantes también le exigieron comprometerse a no enviar policías a la movilización prevista para el domingo. El gobernador se retiró hacia su camioneta entre gritos y abucheos.
Después, Lemus sostuvo en redes sociales que escuchó a los jóvenes durante más de diez minutos, explicó las causas de la mala calidad del agua y las obras en marcha, y aseguró que acordaron instalar una mesa de diálogo con funcionarios responsables. Según su versión, la conversación terminó cuando otro grupo se acercó a gritar.
La controversia ocurre mientras el gobierno estatal impulsa un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, cuyo costo anunciado ronda los 12 mil millones de pesos. El proyecto contempla financiamiento privado y pagos anuales con recursos públicos, en un esquema que incluye construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación.
Legisladores de Morena, PT, Futuro y Hagamos advirtieron que el modelo podría comprometer las finanzas de futuras administraciones durante 20 a 25 años. Por ello, exigieron conocer el costo total, la naturaleza jurídica del contrato y las responsabilidades de las empresas involucradas, antes de decidir si autorizan el esquema financiero. Así, mientras los estudiantes exigen soluciones inmediatas al agua contaminada, el proyecto para resolver el suministro abre interrogantes sobre la deuda pública a largo plazo.
