El senador Alejandro “Alito” Moreno parece haber entendido perfectamente cómo funciona la política en estos tiempos: cuando siente que su nombre comienza a apagarse un poco, encuentra rápidamente la manera de volver a encenderlo. Una denuncia, un pleito, una declaración explosiva o cualquier asunto suficientemente llamativo sirve para regresar a los titulares. Hace apenas unos días lo vimos nuevamente visitando Estados Unidos, viaje que me imagino también aprovechará para comprarse algunos pares de esos zapatos que tanto le gusta usar, algunos trajes, corbatas y camisas. Y ya que Nueva York le queda relativamente de paso, seguramente debe tener por allá algún sastre que conoce perfectamente sus medidas, porque hay que reconocer que la ropa que utiliza se ve fina y el senador cuida bastante bien esos detalles.
Pero dejando a un lado la ironía, resulta particularmente interesante la denuncia que Moreno decidió llevar al país vecino contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El senador solicitó que sus actuaciones sean examinadas en Estados Unidos bajo el marco de la Global Magnitsky Act, a raíz de la controversia generada por las medidas cautelares relacionadas con publicaciones suyas en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.
Aquí comienza lo verdaderamente curioso del asunto. El INE es un organismo constitucional autónomo mexicano y para revisar sus determinaciones México cuenta con instituciones y mecanismos jurisdiccionales propios, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces resulta por lo menos extraño que una diferencia surgida dentro del sistema político y electoral mexicano termine trasladándose al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presentar una denuncia allá no significa automáticamente que exista una injerencia extranjera, por supuesto, pero sería interesante observar qué ocurriría si alguna autoridad estadounidense decidiera efectivamente intervenir o sancionar a funcionarios mexicanos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Ahí sí comenzaríamos a entrar en una conversación bastante más delicada sobre soberanía e intervención extranjera.
Para eso tenemos autoridades judiciales en México, para eso existe el Tribunal Electoral y para eso existe todo un sistema constitucional diseñado precisamente para resolver diferencias entre partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales. Si cada vez que una resolución no nos gusta buscamos que otro país intervenga, entonces algo estamos entendiendo mal sobre la autonomía de nuestras propias instituciones.
Pero bueno, quizá Alejandro Moreno también ha comprendido algo que los influencers descubrieron hace bastante tiempo: hasta las malas noticias generan seguidores. Hoy una denuncia produce titulares, un enfrentamiento genera reproducciones y una frase escandalosa garantiza entrevistas. En la política moderna muchas veces importa tanto permanecer dentro de la conversación como el contenido mismo de esa conversación.
Y hablando precisamente de noticias, acusaciones y verdades que todavía necesitan demostrarse, me llamó la atención una publicación de Azucena Uresti relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y el enorme asunto del llamado huachicol fiscal. Durante los últimos meses han circulado testimonios, investigaciones periodísticas y señalamientos en los que aparece mencionado el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental: que una persona aparezca mencionada dentro de un testimonio, una declaración o una publicación periodística no significa que su responsabilidad penal haya quedado demostrada.
Andrés López Beltrán ha rechazado públicamente acusaciones que pretenden relacionarlo con actividades criminales y ha pedido que quienes realizan esos señalamientos presenten pruebas. Y sinceramente, mientras no aparezcan esas pruebas, yo personalmente encuentro difícil imaginar que un político o el hijo de un expresidente decida involucrarse directamente en la operación de negocios ilícitos. Tendría que existir prácticamente una necesidad extraordinaria de adrenalina, porque alrededor del poder existen millones de oportunidades para hacer negocios completamente lícitos sin necesidad de convertirse en colaborador de una organización criminal.
Ahora bien, que yo lo considere improbable tampoco demuestra que sea inocente. Esa es precisamente la diferencia que muchas veces estamos perdiendo. Mi opinión no es una sentencia absolutoria, de la misma manera que la acusación de un periodista, un testigo o un adversario político tampoco constituye una sentencia condenatoria. Para eso existen investigaciones, fiscalías, expedientes, pruebas, jueces y tribunales. Más adelante veremos qué resulta de todas estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y hasta dónde llegan realmente las responsabilidades. Si existen pruebas contra quien sea, que se presenten; si existen delitos, que se persigan, sin importar apellido, partido político o posición dentro del gobierno.
Y regresamos inevitablemente a Alejandro Moreno, quien nuevamente ha utilizado una expresión bastante dramática al señalar que nadie lo va a callar y que, si fuera necesario, está dispuesto incluso a pagar con su vida. Francamente, ya chole con ese tema. Aquí nadie debería querer callar a Alejandro Moreno ni a ningún otro político. Tampoco se trata de censurar periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o adversarios del gobierno. Se trata de algo muchísimo más sencillo: no decir mentiras y, cuando se realizan acusaciones graves, poder demostrarlas.
No confundamos censura con responsabilidad.
La libertad de expresión es indispensable en una democracia y México necesita protegerla particularmente porque nuestro país sigue siendo peligroso para muchos periodistas. Necesitamos periodistas incómodos, investigadores, reporteros que cuestionen al gobierno y medios capaces de exhibir aquello que el poder preferiría mantener escondido. Pero precisamente por eso el periodismo serio debe diferenciar una investigación de un rumor, un testimonio de una prueba y una acusación de una sentencia.
Porque hoy pareciera que basta colocar una fotografía, un encabezado espectacular y algunos signos de interrogación para convertir cualquier versión en noticia. Después vienen miles de reproducciones, comentarios, programas de televisión, mesas de análisis y publicaciones en redes sociales. Para cuando aparece una aclaración, la acusación original ya recorrió todo México.
Y ahí es donde creo que también debemos defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Defenderla no significa impedir que la critiquen ni convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en un ataque contra México. Al contrario: la presidenta debe ser cuestionada, observada y sometida permanentemente al escrutinio público. Para eso existe una prensa libre. Pero una cosa es cuestionar sus decisiones y otra muy diferente inventarle hechos, atribuirle responsabilidades sin pruebas o convertir especulaciones en verdades simplemente porque generan audiencia.
Demasiadas mentiras circulan diariamente como para continuar aceptando que la reputación de cualquier persona pueda destruirse mediante una acusación que después nadie tiene obligación de demostrar. Y digo cualquier persona porque esta regla no puede depender del partido político. Debe aplicarse exactamente igual para Claudia Sheinbaum, para Alejandro Moreno, para Andrés Manuel López Beltrán, para Morena, para el PRI, para el PAN y para cualquier ciudadano.
Si existen documentos, que se publiquen. Si existen pruebas, que se presenten. Si existe corrupción, que se investigue. Si existen delitos, que los responsables enfrenten a la justicia. Y si únicamente existe una acusación, entonces llamémosla exactamente por lo que es: una acusación.
Lo que no podemos hacer es convertir la mentira en modelo de negocio y después llamar censura a cualquier intento por exigir responsabilidad. Si el negocio de algunos medios, políticos o personajes públicos consiste en decir mentiras para obtener audiencia, votos, seguidores o relevancia, entonces sí, se les acabó el negocio y punto. Pero si lo que existe es una investigación periodística seria, documentada y sustentada con evidencia, entonces nadie debería intentar callarla, mucho menos desde el poder.
La libertad de expresión no necesita mentiras para sobrevivir y la verdad tampoco necesita censura para defenderse. Lo que ambas necesitan es algo que últimamente parece escasear demasiado en la conversación pública mexicana: pruebas.
