Graves y particularmente delicadas son las acusaciones que viene realizando Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, cuando habla públicamente de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque una cosa es la confrontación política, otra muy distinta es una denuncia y otra todavía más seria es señalar públicamente a personas atribuyéndoles posibles relaciones con organizaciones criminales.
Alejandro Moreno ha utilizado expresiones como “narcopolíticos” y “narcopartido” para referirse a sus adversarios. El propio PRI publicó el pasado 7 de junio un comunicado encabezado con una declaración suya: “En Coahuila barrimos a los narcopolíticos de Morena”. Además, Moreno ha llevado algunos de sus señalamientos a Estados Unidos, donde ha denunciado lo que considera autoritarismo y persecución política en México y ha insistido en acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre personajes del oficialismo y el crimen organizado.
Eso, viniendo del presidente nacional de un partido y de un senador de la República, me parece que merece mucho más que aplausos, gritos, entrevistas o publicaciones en redes sociales. Si el senador posee información concreta sobre políticos relacionados con el narcotráfico, entonces debería presentarla ante las autoridades correspondientes. Si conoce nombres, operaciones, circunstancias, movimientos financieros o cualquier otro elemento que pueda constituir evidencia, que lo entregue y que se investigue. Y si una autoridad considera necesario citarlo para que explique lo que sabe y aporte los elementos que dice tener, tampoco me parecería descabellado. Ya estuvo bueno de convertir acusaciones de semejante gravedad en simples instrumentos de propaganda electoral.
Porque llamar narcotraficante a alguien no es decirle mal gobernante, corrupto, incompetente o mentiroso. Estamos hablando de atribuirle posibles relaciones con delitos gravísimos. Si queremos vivir en un verdadero Estado de derecho, entonces las acusaciones deben investigarse independientemente del color partidista del señalado. Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o quien sea. Si existen pruebas, que se proceda; si existen indicios serios, que se investiguen; pero si solamente existen discursos, entonces tengamos mucho cuidado de convertir la sospecha en sentencia simplemente porque apareció en X, Facebook, YouTube o en una conferencia de prensa.
Tampoco me parece prudente que un senador de la República y, más aún, dirigente nacional de un partido político, en su intento legítimo por recuperar espacios, simpatizantes y finalmente votos, termine construyendo toda una estrategia alrededor de desacreditar las acciones del Gobierno mexicano sin reconocer aquello que también ha sido reconocido fuera del país. Esto no significa que debamos aplaudirle todo al Gobierno ni mucho menos que México haya resuelto el problema del narcotráfico. Sería absurdo afirmarlo. Pero la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha mantenido mecanismos de cooperación y funcionarios estadounidenses han reconocido públicamente resultados de esa colaboración. Entonces tampoco podemos construir una realidad donde absolutamente nada sirve simplemente porque electoralmente conviene decirlo.
Y de ahí pasamos precisamente al otro gran asunto de estos días: quién dice la verdad, quién miente y quién tiene derecho a decidirlo.
Me llamó particularmente la atención la reacción del prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga respecto de las acciones de Luisa María Alcalde y el ejercicio gubernamental denominado “Derecho de Réplica”. Hay algo incluso curioso en esta historia, porque fue precisamente en una entrevista con López-Dóriga donde Alcalde explicó el proyecto antes de que comenzara formalmente. La intención, según explicó entonces, sería identificar información que el Gobierno considera falsa, contrastarla con datos oficiales y responder públicamente.
Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante que simplemente decidir si estamos con el periodista o con el Gobierno.
La prensa tiene que ser libre. Completamente libre. Un periodista debe poder investigar al presidente, a sus hijos, a un gobernador, a un senador, a un empresario, a un general o a quien sea sin pedir permiso y sin miedo a represalias. Esa libertad es indispensable en cualquier democracia que pretenda llamarse así. Pero la libertad de prensa tampoco puede significar que todo lo publicado automáticamente se convierta en verdad.
Hay mucha información que se publica y después resulta falsa, incompleta, exagerada o simplemente imposible de comprobar. Donald Trump convirtió la expresión “fake news” en parte del lenguaje político mundial, pero el fenómeno evidentemente no nació con él. Lo que sí cambió radicalmente fueron las redes sociales. Hoy basta un teléfono celular y unos cuantos segundos para que una acusación pueda recorrer un país entero antes de que la persona señalada tenga siquiera oportunidad de enterarse.
El poder de un medio de comunicación es enorme y precisamente por eso debe utilizarse con responsabilidad. Una noticia falsa puede destruir una reputación construida durante décadas. Puede afectar una familia, una empresa, una carrera profesional o una trayectoria política. Y después resulta prácticamente imposible regresar las cosas al punto donde estaban, porque la aclaración normalmente nunca alcanza la misma difusión que tuvo el escándalo.
Pero aquí también debemos aplicar exactamente la misma regla al Gobierno. Si desde Palacio Nacional se afirma que determinada información periodística es falsa, entonces que se demuestre. Que presenten documentos, cifras, fechas y evidencias. El derecho de réplica es perfectamente legítimo; la censura no. Aclarar una noticia es válido; intimidar al periodista por publicar algo incómodo sería otra cosa completamente diferente.
Entonces ni el Gobierno tiene derecho automático a la verdad por ser Gobierno ni un periodista tiene derecho automático a la verdad por ser periodista. Ambos deben responder por lo que dicen.
Y mientras discutimos sobre verdad, mentira, narcotráfico, libertad de expresión y responsabilidad pública, nuestros representantes populares decidieron regalarnos un espectáculo que parecía más un pleito de guajolotes que una discusión entre legisladores.
Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento en instalaciones del Senado que comenzó con acusaciones políticas y terminó entre insultos, jaloneos y empujones. Entre las expresiones que aparecieron durante la confrontación estuvieron “vocero del narco” y “porro de Alito”.
Y ahí está nuevamente la palabra mágica de nuestra política actual: narco.
Otra vez el narcotráfico convertido en insulto. Otra vez una acusación gravísima utilizada como proyectil político. Otra vez las palabras llegando mucho más rápido que las pruebas.
Vi las imágenes y, independientemente de las simpatías políticas que cada quien pueda tener, me parece que Arturo Ávila hizo bien en no llevar el enfrentamiento todavía más lejos. Lo estaban provocando, hubo intercambio de palabras y evidentemente los ánimos estaban encendidos, pero precisamente ahí es donde un representante popular tiene que recordar dónde está y qué representa. En política no siempre gana quien pega más fuerte ni quien grita más. Muchas veces gana quien entiende cuándo no caer en la provocación.
Y para ponerle la cereza al pastel apareció nuevamente Alejandro Moreno diciendo, palabras más, palabras menos, que él sí le habría entrado y habría puesto a Ávila “en su lugar”.
No todo es pelear, señor Moreno.
La política necesita firmeza, claro que sí. Necesita oposición, debate, denuncia y políticos capaces de defender con energía aquello en lo que creen. Pero el Congreso de la Unión no puede convertirse en una sucursal de la Arena México. Para eso existen las tribunas, los debates, las investigaciones, las fiscalías y, cuando corresponde, los tribunales.
Y no lo digo por defender a la 4T.
Lo digo por su apellido.
Moreno.
Porque casualmente quien escribe estas líneas también lleva ese apellido dentro de su propia historia familiar y sé perfectamente que no todos los Moreno pensamos igual, ni necesitamos resolver nuestras diferencias a golpes.
Respecto de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, también hemos visto cómo desde hace meses se publican versiones sobre una supuesta relación sentimental entre ambos. Hasta pareja los hicieron ya. Carlos Loret de Mola escribió sobre esa presunta relación desde abril. Pero aquí vuelvo exactamente al mismo principio: una cosa es lo que se publica, otra lo que puede demostrarse y otra muy diferente aquello que realmente tiene relevancia pública.
Si son pareja o no, francamente pertenece a su vida privada mientras no exista alguna consecuencia comprobable sobre el ejercicio de sus responsabilidades. Lo que sí podemos evaluar es su desempeño público. A Luisa María Alcalde por sus decisiones políticas y partidistas, y a Arturo Ávila por su actuación como legislador. Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en combustible para las redes sociales.
Y quizá ahí está precisamente el problema que atraviesa todos estos acontecimientos.
Nos estamos acostumbrando peligrosamente a una política donde primero se acusa y después, si acaso, se investiga; donde una publicación en redes sociales puede adquirir para millones de personas el mismo valor que una carpeta de investigación; donde una declaración política se convierte en sentencia y donde una información periodística es inmediatamente considerada verdadera o falsa dependiendo únicamente de quién la publicó y de qué lado político estamos nosotros.
Eso no fortalece la democracia.
Si Alejandro Moreno tiene pruebas de políticos relacionados con el narcotráfico, que las presente y que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias. Si el Gobierno afirma que una información publicada por un periodista es falsa, que presente las pruebas que la desmienten. Si un periodista realiza una acusación, que tenga las fuentes y los elementos suficientes para sostenerla. Y si dos diputados tienen diferencias políticas, que las resuelvan con argumentos desde la tribuna y no a empujones en los pasillos.
Porque México tiene problemas demasiado serios como para reducir la discusión nacional a hashtags, acusaciones sin expediente, rumores sentimentales y pleitos de guajolotes.
La verdad no debería tener partido.
Y las pruebas tampoco.
