A principios del año, recibí a través de un informante cuya identidad ―dada la vergüenza que significa haber recibido este documento y para no poner en riesgo su integridad personal― mantendré en el anonimato, un reporte redactado por el ni una sola vez heroico despacho Integralia Consultores, dirigido por el siempre opaco Luis Carlos Ugalde, benefactor de Felipe Calderón y pieza clave en la supervivencia del sistema de privilegios en 2006. Dicho reporte, que lleva por título “Diez riesgos políticos para 2024”, pone el acento, cosa que seguramente no se ha imaginado el lector, en los diez principales riesgos políticos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024.
Labor titánica, que sólo un cerebro enfermo como el de Ugalde pudo llevar a buen término, en el que se sintetizan las filias y fobias de la clase privilegiada, sus esbirros y las huestes aspiracionistas, frente a un segundo periodo de los cuatreros cuatroteros en el poder. A lo largo de esta, y las próximas cuatro entregas (dada la cercana cercanía del triunfo de Claudia Sheinbaum), intentaré desmenuzar ―porque nunca es fácil desmenuzar el vacío―la insignificante relevancia de estos diez riesgos y vislumbrar una alternativa para salvar a México de los mexicanos.
En resumen, durante las próximas entregas estaremos hablando del “asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado”. En resumen del resumen, hablaremos del enorme problema que representa la democracia para la democracia y el voto de los mexicanos para los mexicanos.
.Entrando en materia sospechosista, el primer riesgo resulta evidente: el triunfo electoral de Morena. Dicho triunfo consolidaría “la captura de la Suprema Corte por parte del Ejecutivo, a través del nombramiento de otro ministro afín” o a través de una reforma constitucional para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular. El nivel de impacto que esto tendría es muy alto y la probabilidad de que suceda ―de acuerdo con los sesudos sesos que trabajan en Integralia― es alta. Imaginen el horror que significa que desde la presidencia y el poder legislativo se proponga y nombre a un ministro afín “políticamente y defensor de los temas de interés para el gobierno.” El horror de que dos poderes democráticamente electos, representantes de la voluntad del electorado, nombren a los ministros de ese tercer poder que se mueve entre las faldas y a la sombra de los intereses privados.
Hacer que la Suprema Corte responda a los intereses que le interesan a la ciudadanía “significaría la formación de un bloque de cuatro ministros afines a la coalición gobernante”, un bloque que pondría fin a la instrumentalización del Poder Judicial como defensor de los privilegios de la clase privilegiada, a través de los dos instrumentos favoritos de la opositora oposición: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Instrumentos que en los últimos seis años han sido el único ariete de batalla para garantizar (con relativo éxito) “que las nuevas leyes y sus reformas guarden sintonía con el contenido de la Constitución federal”, garantizar que nada cambie y que la democracia no tenga efectos democráticos más allá del cambio del color del partido en el poder.
Si no se evita que “el oficialismo logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de Senadores” los cuatreros cuatroteros tendrían todos los elementos para promover reformas afines con su agenda política, agenda con la que, en el hipotético caso de que sean electos por el electorado, horror de los horrores, el electorado estaría de acuerdo. En pocas palabras, si Morena gana la presidencia y la mayoría calificada en las cámaras, se corre el riesgo de que representen y democráticamente impongan los intereses de la interesada ciudadanía en lugar de representar y defender los modestos intereses privados de aquellos poderes por quienes nadie ha votado y que a nadie representan.
En segundo lugar, “si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada en el Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos”, como la reforma electoral que modifica la estructura del INE y la forma de elegir al cuerpo directivo mediante voto popular, reforma para eliminar al INAI, reforma energética, entre otras, se concentraría el poder en esa masa amorfa que algunos llaman ciudadanía y otros, llanamente, pueblo, aumentando la incertidumbre jurídica y desconfianza empresarial, porque ¿qué empresario se sentiría cómodo si pierde la certeza de poder hacer negocios que lo beneficien a él aunque perjudiquen al país? ¿Quién va a querer invertir en un país que priorice sus recursos y las decisiones de la gente por encima del interés del capital de hacer más rico a quienes son más ricos? El nivel de impacto que esto tendría sería muy alto, afortunadamente Ugalde y compañía consideran que la probabilidad de que suceda es media.
Sin embargo, no por que la probabilidad no sea alta, debemos bajar las manos y permitir que la mayoría se imponga e imponga sus mayoritarios intereses en bien del bien común. No, los cuatroteros harán todo para “obtener la mayoría calificada (de dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso, para así tener capacidad de aprobar reformas constitucionales, a fin de consolidar el proyecto político de López Obrador” ¿Cuándo se ha visto semejante barbaridad? ¿Por qué un partido político buscaría obtener la mayoría calificada y consolidar su proyecto político? Eso más que democracia es autoritarismo, imposición democrática de la mayoría, exclusión de la clase privilegiada de la toma de decisiones, ¡urge poner un alto a esta nueva era del terror que lo único que busca es hacer rodar las cabezas de los defensores de los derechos de la clase empresarial nacional y extranjera!
Desaparecer o achicar a los organismos autónomos, significa desaparecer o achicar las cajas chicas al servicio de intereses que no están interesados en el asunto público, significa desaparecer o achicar los espacios de control e influencia que tienen los poderes fácticos (me disculpo con Doña Xóchitl Gálvez y compañía por utilizar términos que no entienden), significa desaparecer o achicar los privilegios que privilegian a unos cuantos por encima de la mayoría, significa desaparecer o achicar espacios que han sido cómplices de la corrupción en el pasado, solo porque han sido cómplices de la corrupción ¡Alguien puede pensar en los ricos!
Entrados en gastos
Estos dos primeros riesgos que brillantemente pone sobre la mesa, con toda opacidad, el equipo de mentes iluminadas de Integralia Consultores, dejan al descubierto la sensibilidad y las preocupaciones de la privilegiada clase privilegiada por conservar sus privilegiados privilegios y conservar a la ciudadanía lejos de la toma de decisiones en nuestro país. El principal riesgo que engloba este y otros riesgos sobre los que los muchachos de Ugalde arrojan luz, es la democracia en manos de la ciudadanía, la democracia operando democráticamente para beneficio democrático de las mayorías, la democracia como garante monstruoso de que unos cuantos no se impongan al resto. Sobre esta misma línea, en nuestra siguiente entrega que propone aniquilar la democracia para defender la democracia, revisaremos los terribles riesgos de que grupos criminales aprovechen la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales y el que se acentúe el proceso de militarización. Mientras tanto baste concluir demandando un democrático fin de la democracia.
- Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
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