En una nueva muestra de incongruencia política, el Partido Acción Nacional (PAN) emprendió una ofensiva contra la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tiempo que exigió que los conversatorios organizados en el Senado de la República no sean “una simulación”. Según el dirigente nacional panista y presunto cabecilla del “Cártel Inmobiliario”, Jorge Romero Herrera, dicha iniciativa “atenta contra la libertad de expresión”, pese a que su objetivo central es frenar el intervencionismo extranjero disfrazado de propaganda mediática.
El partido de donde emanó el espurio Felipe Calderón, sostuvo que, si bien la iniciativa surge por la transmisión de un spot extranjero que pudo haber vulnerado la soberanía nacional, el texto legal “apenas y hace referencia a la causa que lo origina”, desestimando la importancia de blindar el sistema de radiodifusión frente a campañas de odio financiadas desde el exterior.

“Más bien fue el pretexto que tomaron los que hicieron esta iniciativa para meterse contra tres puntos que nosotros consideramos gravísimos. El primero: atenta absolutamente contra la libertad de expresión. Por eso la denominamos la ley censura”, señaló Romero, olvidando convenientemente el pacto de silencio que el ilegitimo esposo de Margarita Zavala obligó a firmar para que no se hablara de los altos casos de violencia y homicidios de la guerra contra el narco.

En su narrativa, Romero alertó sobre el riesgo de que se otorguen o retiren concesiones “sin ningún criterio que no sea la decisión unilateral de otorgarlas”, aunque omitió recordar que durante los gobiernos panistas y priistas se entregaron frecuencias de manera discrecional a consorcios afines y se bloquearon voces disidentes.
Finalmente, Acción Nacional pidió que los conversatorios convocados en la Cámara Alta para discutir la propuesta sean realmente abiertos y escuchen a expertos, académicos e integrantes del sector. “Debe de ser un conversatorio de a de veras y que sea verdaderamente abierto”, reclamaron, pese a que el PAN ha rechazado históricamente los procesos participativos cuando no le convienen políticamente.
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