Después de los sismos de 1985 y la consolidación de las organizaciones civiles en la Ciudad de México, los movimientos sociales lograron encabezar las demandas más importantes de la ciudadanía en el contexto político y social, especialmente en esta ciudad que concentra el poder político del país. Grandes colectivos abanderaban las causas más nobles como el derecho a la vivienda, la alimentación, la salud o el trabajo. Incluso, este fenómeno de aquel entonces significó para la democracia un avance importante pues comenzaba la participación más activa de los ciudadanos, no sólo en los procesos electorales, sino también en las problemáticas de su entorno.
Hay que reconocer que uno de los principales aciertos del recién aparecido PRD en 1989, precisamente fue el de contar entre sus filas a decenas de dirigentes políticos y luchadores sociales que encontraban en ese partido político a su principal aliado y que se identificaban plenamente con su declaración de principios que sin duda eran llevados a la práctica; especialmente los relacionados con los derechos laborales, el respeto a la diversidad y la lucha de las organizaciones populares por la vivienda digna y el medio ambiente sano. Por eso, hoy cualquier sobreviviente de ese largo transitar del PRD, desde sus antecedentes hasta su inminente desaparición, observa con una mezcla de nostalgia y rabia la manera en que ese partido se fue desdibujando y abandonando sus causas hasta reducirse en un apéndice de la derecha dada su necesidad de no desaparecer por completo.
En ese sentido hay que destacar que la otrora lucha del PRD por la vivienda o el medio ambiente, siempre buscó ser descalificada por el gobierno de Espinoza Villarreal quien acusó a los principales dirigentes de los movimientos populares de politizar las demandas en aras de restar la legitimidad de éstas; sin embargo, la andanada del oficialismo, poca oportunidad tenía para contener la fuerza que acompañaba dicha lucha pues, evidentemente había un cause político para su solución que lejos está de la idea peyorativa que se tiene de “politizar”.
La semana pasada tomó relevancia el problema del agua contaminada en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez que derivó en un bloqueo “aparentemente” ciudadano que colapsó la avenida insurgentes y que exigió la respuesta del gobierno capitalino para esclarecer las causas y las acciones inmediatas para resolver el problema, particularmente para garantizar la salud de las personas. En este caso hay dos hechos clave que observar: el primero es la obligación del gobierno de la ciudad de ver el problema como una causa legítima y atenderlo bajo los procedimientos legales y administrativos que den certidumbre a los afectados. Mal haría el gobierno si descalifica de entrada la demanda por las razones que sean. El segundo hecho es el de reflexionar sobre la reiterada práctica de la oposición de lucrar con este hecho, más como propaganda política que cómo acompañamiento de la demanda o apoyo a los manifestantes. Por eso, en este punto hay que dejar en claro que nadie debe soslayar en la exigencia de la solución pronta al problema (en la medida de que exista), así como el derecho de cualquiera en esta ciudad a manifestarse; pero también vale aclarar que los mismos que hoy se erigen como defensores de cualquier causa (en este caso el agua en la Benito Juárez), son los mismos a los que nunca les ha importado en lo más mínimo la cuestión ambiental.
Pero sea como sea y esperando que se esclarezca pronto quienes son los responsables, cosa que le corresponde al gobierno de Martí Batres, hasta eso hoy la derecha tiene algo qué agradecer a Andrés Manuel: que sin importar la orientación ideológica o si se pertenece o no a algún partido, los ciudadanos se van acostumbrando a salir a las calles para exigir sus demandas. Ay de aquellos que busquen “politizar” la demanda del agua porque en el pecado llevarán la penitencia.
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