Durante 15 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral, se administraron más de 211 mil millones de pesos y 76% de los contratos de 2015 a 2023 se entregaron por adjudicación directa.
La gestión de Edmundo Jacobo Molina en el antiguo IFE y el actual Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo revisión por un presunto esquema de contrataciones que habría beneficiado a un grupo reducido de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. El funcionario ocupó la Secretaría Ejecutiva de 2008 a 2023 y durante ese periodo tuvo bajo su responsabilidad un presupuesto acumulado de 211 mil 734 millones 150 mil 325 pesos.
De acuerdo con documentos públicos citados por La Jornada, durante esos 15 años se habrían concentrado adjudicaciones directas de contratos con recursos públicos en un grupo de proveedores. La investigación también señala que Jacobo participó en el diseño y aplicación de los reglamentos, lineamientos y procedimientos administrativos que regulaban las adquisiciones del organismo.
Uno de los cambios ocurrió en 2009, cuando se aprobó un reglamento que facultó al secretario ejecutivo para dictaminar adjudicaciones directas sin pasar por el Comité de Adquisiciones. Posteriormente, el 8 de julio de 2020, Jacobo presentó ante el Consejo General, entonces presidido por Lorenzo Córdova, una nueva normativa que mantuvo excepciones para concentrar facultades de contratación.
El análisis de estas disposiciones identificó posibles deficiencias, entre ellas simulación de competencia, controles documentales laxos, falta de filtros para detectar parentescos y concentración de decisiones. Estas condiciones habrían permitido favorecer a proveedores recurrentes y desplazar a posibles competidores mediante empresas relacionadas o propuestas económicas que aparentaban una competencia inexistente.
Las cifras del Órgano Interno de Control muestran que entre 2015 y 2023 se formalizaron 3 mil 835 contratos, de los cuales 76 por ciento fueron adjudicaciones directas, equivalentes a 7 mil 37 millones de pesos. Además, empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas ingresaron al Catálogo General de Proveedores del INE, lo que facilitó su contratación en organismos públicos locales electorales.
Actualmente, Jacobo Molina, quien dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política del partido Somos, es objeto de una revisión documental para determinar si las reglas administrativas impulsadas durante su gestión facilitaron la consolidación de grupos empresariales dentro del sistema de contrataciones electorales.
Con información de La Jornada.
