Durante la reciente sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado en la que se discutía la Reforma al Poder Judicial, las tensiones subieron de tono cuando el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, cuestionó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sobre el controvertido acuerdo en Coahuila. En dicho acuerdo participaron también Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, y el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, con el fin de repartirse cargos e instituciones clave en el estado.
Salazar, exmilitante del PAN, utilizó su intervención para lanzar duras críticas, señalando que este acuerdo entre los líderes del PAN y el PRI en Coahuila es un ejemplo de las prácticas oscuras que ambos partidos han mantenido durante años. En su intervención, el senador sugirió que este tipo de acuerdos minan la confianza pública en las instituciones y refuerzan la percepción de que la política se maneja con pactos entre cúpulas.
Por su parte, Marko Cortés defendió su participación en el acuerdo, negando cualquier irregularidad. El dirigente panista afirmó que esto fue un “acto de transparencia”, sin entrar en detalles sobre las acusaciones específicas. Cortés mantuvo su postura, argumentando que su papel fue hacer visible lo que ya era del conocimiento de la sociedad, y rechazó categóricamente que el acuerdo tuviera intenciones ocultas.
Sin embargo, la respuesta de Cortés no convenció a todos. Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila, fue uno de los que cuestionó de manera más contundente las declaraciones del panista. A través de su cuenta de Twitter, Del Bosque ironizó: “Lo de Marko Cortés es poético: decidí hacer públicos mis acuerdos en lo oscurito con el PRI en nombre de la transparencia. #Coahuila”, haciendo referencia a la aparente contradicción entre las palabras de Cortés y la naturaleza del acuerdo en cuestión.
Este recordatorio del acuerdo en Coahuila resalta los vínculos entre los partidos tradicionales en el manejo del poder a nivel local y que se busca eliminar con la Reforma al Poder Judicial. La polémica no solo afecta a los actores involucrados en el acuerdo en Coahuila, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la transparencia y la ética en la política mexicana.
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