El aguachicol —extracción ilegal de agua— continúa sin freno en México: de 292 pozos clandestinos detectados, 117 fueron clausurados, pero 175 siguen operando, pese a haber recibido solo sanciones administrativas o multas, según un informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
De acuerdo con una investigación de La Razón, estas tomas ilícitas se distribuyen en 24 estados, con mayor concentración en Guanajuato (62), Chihuahua (31), Morelos (24), Coahuila (23) y Puebla (20). Las entidades sin registros son: CDMX, Chiapas, Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.
El reporte advierte que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 no contempla este tipo de extracciones ilegales como amenaza, lo que compromete su efectividad. Tampoco aborda riesgos derivados del cambio climático ni la mala planeación urbana y rural.
Las multas más altas alcanzaron los 423 mil pesos, como en casos de pozos con uso pecuario en Monclova, o agrícola en San Lorenzo Cacaotepec (Oaxaca). Sin embargo, el volumen exacto de agua sustraída no ha sido determinado, lo que impide conocer la magnitud real del daño.
Juan José Hernández, director del Igavim, señaló que la extracción irregular seguirá creciendo si no se incluye dentro de la estrategia hídrica nacional: “Si no puedes visualizar el problema, no puedes monitorearlo ni detener la sobreexplotación”, advirtió.
Además, indicó que muchas de estas tomas se realizan en negocios que tienen permisos legales pero rebasan los volúmenes autorizados por la creciente escasez.
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