Durante décadas nos repitieron que la grandeza de las democracias liberales consistía en poder insultar libremente a un presidente, publicar una caricatura ofensiva o cambiar de gobernante cada seis años mediante el voto. Ese fue el trofeo que se nos entregó a cambio de renunciar a preguntas más incómodas: quién decide realmente qué se produce, qué se exporta, qué deuda se contrae y bajo qué condiciones un país puede o no nacionalizar sus recursos. La libertad de insultar al poder visible se convirtió en la coartada perfecta para no cuestionar al poder invisible: los consorcios financieros, los organismos multilaterales diseñados en Bretton Woods, las calificadoras crediticias y los oligarcas locales que funcionan como franquicia regional de intereses extranjeros.
El mecanismo tiene dos capas que se refuerzan entre sí. La primera es institucional: los verdaderos límites de la soberanía nacional no se negocian en el Congreso ni se deciden en las urnas, sino en tribunales de arbitraje internacional, en cláusulas de tratados de libre comercio y en las condiciones que imponen los organismos financieros a cambio de préstamos.
La segunda capa es mediática: la construcción del sentido común. Cuando un gobierno intenta recuperar el control sobre un recurso estratégico o simplemente redistribuir la riqueza, aparece de inmediato una batería de columnistas, encuestas fabricadas y campañas de desprestigio financiadas por quienes tienen algo que perder. No hace falta un golpe militar cuando existe un batallón de voceros dispuestos a repetir, con distintos acentos, el mismo libreto.
México ha vivido en carne propia esta historia, pero también ha sido, en distintos momentos, ejemplo de resistencia frente a ella. La expropiación petrolera de 1938 sigue siendo uno de los actos de soberanía más significativos del siglo XX en la región, no porque haya sido perfecta, sino porque demostró que un país del llamado Sur Global podía desafiar a las compañías extranjeras y sobrevivir al boicot que le siguió. Esa memoria incomoda a quienes prefieren una nación dócil, convencida de que su lugar en el mundo es el de proveedor de mano de obra barata y materias primas.
Recuperar esa memoria no es nostalgia: es una herramienta política para el presente, cuando vuelven a plantearse debates sobre litio, agua, energía y control de fronteras.
El error de muchos análisis liberales es tratar la democracia como un fin en sí mismo, medible únicamente por la existencia de elecciones limpias y libertad de prensa formal, sin preguntarse quién controla los márgenes reales de decisión. Una elección puede ser impecable en su procedimiento y, sin embargo, no alterar en nada la estructura de dependencia económica que determina el rumbo del país. La verdadera pregunta no es si se puede votar, sino si el resultado de ese voto puede modificar la relación de un país con el capital transnacional. Cuando la respuesta es no, el ejercicio democrático se vuelve un ritual de legitimación más que un instrumento de transformación.
