Un tribunal federal abre la puerta para que el IFDP promueva amparos contra omisiones de Semarnat que dañan a comunidades vulnerables.
Un Tribunal Colegiado dio un paso inédito en la defensa de la naturaleza. Por unanimidad, reconoció que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) tiene interés legítimo para promover juicios de amparo en materia ambiental. El caso se refiere a omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre responsabilidad ambiental.
El IFDP, organismo del Poder Judicial de la Federación, calificó el fallo como un precedente histórico. Ahora podrá actuar de forma directa contra omisiones que afecten el derecho a un medio ambiente sano. Con ello, también ganará fuerza para representar a comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, así como a menores de edad.
Según el instituto, esta es la primera vez que un tribunal le da esa legitimación. Hasta ahora, los jueces la reconocían sobre todo a personas físicas y a organizaciones de la sociedad civil.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa fue más allá del caso concreto. Explicó que los jueces deben garantizar una legitimación amplia y efectiva para defender el medio ambiente. Además, pidió no poner requisitos de forma que frenen el acceso a la justicia.
En el estudio de fondo, el tribunal encontró una falla de la Semarnat. La dependencia no expidió las normas oficiales mexicanas que ordena el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esas normas fijan los criterios para saber cuándo existe un daño ambiental.
Por eso, el IFDP explicó que esa omisión vulnera un derecho humano. Sin esas reglas, resulta más difícil cumplir con la obligación de reparar los daños a la naturaleza. El artículo 4 de la Constitución establece esa obligación.
Para los grupos vulnerables, el instituto aclaró que la defensa ambiental no se reduce a multar a quien contamina. Lo que importa, dijo, es lograr que los ecosistemas se recuperen. También se trata de proteger las condiciones que permiten a las familias vivir con dignidad.
Con esta decisión, el IFDP asegura que gana un papel clave en la defensa de los derechos humanos. Además, reafirmó su compromiso con la justicia ambiental, ahora con la facultad de promover amparos directamente.





