El presidente Abelardo de la Espriella difundió un video del traslado de personas privadas de la libertad, con el cabello cortado y uniformes, bajo el argumento de acabar con las llamadas “zonas de confort” en las cárceles. La medida y la forma de exhibirla públicamente generan cuestionamientos sobre una política que privilegia la imagen de mano dura y el espectáculo político por encima de una discusión seria sobre seguridad, derechos y administración penitenciaria.
El presidente Abelardo de la Espriella volvió a apostar por una imagen de mano dura contra los presos, al publicar un video en el que se observa el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá. Los internos aparecen con el cabello cortado y uniformados, una puesta en escena que recuerda inevitablemente al modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.
De la Espriella justificó la medida bajo la premisa de que “se acabaron las zonas de confort” para quienes presuntamente continúan delinquiendo desde las cárceles. Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla; posteriormente serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país durante los próximos 15 días.
El mandatario acompañó las imágenes con un discurso particularmente agresivo: “El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”, además de advertir que irá “por todos” los cabecillas, extorsionistas y sicarios. El problema es que convertir los traslados penitenciarios en un espectáculo propagandístico puede terminar reduciendo una compleja política de seguridad a videos intimidatorios, consignas y demostraciones de autoridad.
Combatir el crimen organizado desde las cárceles es una obligación del Estado, pero hacerlo con seriedad exige inteligencia, control penitenciario, investigación y respeto irrestricto a la ley. Gobernar no debería confundirse con posar para las cámaras ni con importar gestos de otros gobiernos para construir una imagen de “mano dura”. Si De la Espriella pretende demostrar que en Colombia manda el Estado, tendrá que demostrarlo también mediante instituciones eficaces y resultados sostenibles, no solamente mediante videos de presos rapados y uniformados.
