La organización Iniciativa Sinaloa cuestionó la opacidad con la que el Gobierno estatal ha manejado el préstamo millonario solicitado en el presente 2025 para obras públicas, y advirtió que no hay avances en la investigación contra los responsables de la deuda que hoy compromete las finanzas del estado.
El crédito, por más de mil 626 millones de pesos, fue gestionado con tres instituciones bancarias para hacer frente a una multa federal de 2 mil 300 millones impuesta por el SAT, derivada de auditorías deficientes realizadas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. Estas auditorías, a empresas como Coppel y Grupo Ahre, provocaron la pérdida de ingresos para la Federación.
“El Gobierno estatal no ha rendido cuentas claras sobre cómo se ejerce el préstamo, cuánto se está pagando y qué intereses se están generando”, declaró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa. Señaló que tanto el Ejecutivo como el Congreso local tienen una responsabilidad pendiente con la ciudadanía, y criticó la falta de inclusión ciudadana en los mecanismos de vigilancia.
El préstamo fue formalizado por el actual secretario de Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y deberá pagarse en un plazo de 20 años. Fue aprobado por el Congreso del Estado, sin que hasta ahora se hayan presentado sanciones públicas contra exfuncionarios involucrados.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que la investigación ya fue judicializada, no se han revelado nombres ni avances concretos, lo que ha generado inquietud. “Sin sanciones no hay garantía de que estas prácticas no se repitan”, advirtió León Fontes.
Además, el pago de la multa obligó a redirigir recursos del presupuesto estatal, reduciendo drásticamente los fondos para la Secretaría de Obras Públicas, que pasó de 1,742 millones en 2024 a solo 400 millones en 2025.
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